12 de Octubre:
A los 524 años decimos aquí estamos los pueblos milenarios, dignos y sabios
Nada que festejar
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Miércoles 12 de octubre de 2016, Publicado por AGENCIA ACTA/CTA (Argentina)
El
Descubrimiento: el 12 de octubre de 1492, América descubrió el
capitalismo. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los
banqueros de Génova, trajo la novedad a las islas del mar Caribe. En su
diario del Descubrimiento, el almirante escribió 139 veces la palabra
oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. Él no podía cansar los
ojos de ver tanta lindeza en aquellas playas, y el 27 de noviembre
profetizó: Tendrá toda la cristiandad negocio en ellas. Y en eso no se
equivocó. Colón creyó que Haití era Japón y que Cuba era China, y creyó
que los habitantes de China y Japón eran indios de la India; pero en eso
no se equivocó.
Al cabo de cinco siglos de negocio de toda la cristiandad, ha sido
aniquilada una tercera parte de las selvas americanas, está yerma mucha
tierra que fue fértil y más de la mitad de la población come salteado.
Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia
universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus
tierras, y siguen condenados a la negación de su identidad diferente. Se
les sigue prohibiendo vivir a su modo y manera, se les sigue negando el
derecho de ser. Al principio, el saqueo y el otrocidio fueron
ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumplen en nombre
del dios del Progreso.Sin embargo, en esa identidad prohibida y despreciada fulguran todavía algunas claves de otra América posible. América, ciega de racismo, no las ve.
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El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escribió en su diario que él quería llevarse algunos indios a España para que aprendan a hablar ("que deprendan fablar"). Cinco siglos después, el 12 de octubre de 1989, en una corte de justicia de los Estados Unidos, un indio mixteco fue considerado retardado mental ("mentally retarded") porque no hablaba correctamente la lengua castellana. Ladislao Pastrana, mexicano de Oaxaca, bracero ilegal en los campos de California, iba a ser encerrado de por vida en un asilo público. Pastrana no se entendía con la intérprete española y el psicólogo diagnosticó un claro déficit intelectual. Finalmente, los antropólogos aclararon la situación: Pastrana se expresaba perfectamente en su lengua, la lengua mixteca, que hablan los indios herederos de una alta cultura que tiene más de dos mil años de antigüedad.
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El Paraguay habla guaraní. Un caso único en la historia universal: la lengua de los indios, lengua de los vencidos, es el idioma nacional unánime. Y sin embargo, la mayoría de los paraguayos opina, según las encuestas, que quienes no entienden español son como animales.
De cada dos peruanos, uno es indio, y la Constitución de Perú dice que el quechua es un idioma tan oficial como el español. La Constitución lo dice, pero la realidad no lo oye. El Perú trata a los indios como África del Sur trata a los negros. El español es el único idioma que se enseña en las escuelas y el único que entienden los jueces y los policías y los funcionarios. (El español no es el único idioma de la televisión, porque la televisión también habla inglés.) Hace cinco años, los funcionarios del Registro Civil de las Personas, en la ciudad de Buenos Aires, se negaron a inscribir ek nacimiento de un niño. Los padres, indígenas de la provincia de Jujuy, querían que su hijo se llamara Qori Wamancha, un nombre de su lengua. El Registro argentino no lo aceptó por ser nombre extranjero.
Los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue: los delata. Cuando un indio renuncia a su lengua, empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse?
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Cuando yo era niño, en las escuelas del Uruguay nos enseñaban que el país se había salvado del problema indígena gracias a los generales que en el siglo pasado exterminaron a los últimos charrúas.
El problema indígena: los primeros americanos, los verdaderos descubridores de América, son un problema. Y para que el problema deje de ser un problema, es preciso que los indios dejen de ser indios. Borrarlos del mapa o borrarles el alma, aniquilarlos o asimilarlos: el genocidio o el otrocidio.
En diciembre de 1976, el ministro del Interior del Brasil anunció, triunfal, que el problema indígena quedará completamente resuelto al final del siglo veinte: todos los indios estarán, para entonces, debidamente integrados a la sociedad brasileña, y ya no serán indios.
El ministro explicó que el organismo oficialmente destinado a su protección (FUNAI, Fundacao Nacional do Indio) se encargará de civilizarlos, o sea: se encargará de desaparecerlos. Las balas, la dinamita, las ofrendas de comida envenenada, la contaminación de los ríos, la devastación de los bosques y la difusión de virus y bacterias desconocidos por los indios, han acompañado la invasión de la Amazonia por las empresas ansiosas de minerales y madera y todo lo demás. Pero la larga y feroz embestida no ha bastado. La domesticación de los indios sobrevivientes, que los rescata de la barbarie, es también un arma imprescindible para despejar de obstáculos el camino de la conquista.
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Matar al indio y salvar al hombre, aconsejaba el piadoso coronel norteamericano Henry Pratt. Y muchos años después, el novelista peruano Mario Vargas Llosa explica que no hay más remedio que modernizar a los indios, aunque haya que sacrificar sus culturas, para salvarlos del hambre y la miseria.
La salvación condena a los indios a trabajar de sol a sol en minas y plantaciones, a cambio de jornales que no alcanzan para comprar una lata de comida para perros. Salvar a los indios también consiste en romper sus refugiso comunitarios y arrojarlos a las canteras de mano de obra barata en la violenta intemperie de las ciudades, donde cambian de lengua y de nombre y de vestido y terminan siendo mendigos y borrachos y putas de burdel. O salvar a los indios consiste en ponerles uniforme y mandarlos, fusil al hombro, a matar a otros indios o a morir defendiendo al sistema que los niega. Al fin y al cabo, los indios son buena carne de cañón: de los 25 mil indios norteamericanos enviados a la segunda guerra mundial, murieron 10 mil.
El 16 de diciembre de 1492, Colón lo había anunciado en su diario: los indios sirven para les mandar y les hacer trabajar, sembrar y hacer todo lo que fuere menester y que hagan villas y se enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres. Secuestro de los brazos, robo del alma: para nombrar esta operación, en toda América se usa, desde los tiempos coloniales, el verbo reducir. El indio salvado es el indio reducido. Se reduce hasta desaparecer: vaciado de sí, es un no-indio, y es nadie.
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El shamán de los indios chamacocos, de Paraguay, canta a las estrellas, a las arañas y a la loca Totila, que deambula por los bosques y llora. Y canta lo que le cuenta el martín pescador: -No sufras hambre, no sufras sed. Súbete a mis alas y comeremos peces del río y beberemos el viento. Y canta lo que le cuenta la neblina: -Vengo a cortar la helada, para que tu pueblo no sufra frío. Y canta lo que le cuentan los caballos del cielo: -Ensíllanos y vamos en busca de la lluvia.
Pero los misioneros de una secta evangélica han obligado al chamán a dejar sus plumas y sus sonajas y sus cánticos, por ser cosas del Diablo; y él ya no puede curar las mordeduras de víboras, ni traer la lluvia en tiempos de sequía, ni volar sobre la tierra para cantar lo que ve. En una entrevista con Ticio Escobar, el shamán dice: Dejo de cantar y me enfermo. Mis sueños no saben adónde ir y me atormentan. Estoy viejo, estoy lastimado. Al final, ¿de qué me sirve renegar de lo mío? El shamán lo dice en 1986. En 1614, el arzobispo de Lima había mandado quemar todas las quenas y demas instrumentos de música de los indios, y había prohibido todas sus danzas y cantos y ceremonias para que el demonio no pueda continuar ejerciendo sus engaños. Y en 1625, el oidor de la Real Audiencia de Guatemala había prohibido las danzas y cantos y ceremonias de los indios, bajo pena de cien azotes, porque en ellas tienen pacto con los demonios.
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Para despojar a los indios de su libertad y de sus bienes, se despoja a los indios de sus símbolos de identidad. Se les prohíbe cantar y danzar y soñar a sus dioses, aunque ellos habían sido por sus dioses cantados y danzados y soñados en el lejano día de la Creación. Desde los frailes y funcionarios del reino colonial, hasta los misioneros de las sectas norteamericanas que hoy proliferan en América Latina, se crucifica a los indios en nombre de Cristo: para salvarlos del infierno, hay que evangelizar a los paganos idólatras. Se usa al Dios de los cristianos como coartada para el saqueo.
El arzobispo Desmond Tutu se refiere al África, pero también vale para América: -Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: "Cierren los ojos y recen". Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia.
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Los doctores del Estado moderno, en cambio, prefieren la coartada de la ilustración: para salvarlos de las tinieblas, hay que civilizar a los bárbaros ignorantes. Antes y ahora, el racismo convierte al despojo colonial en un acto de justicia. El colonizado es un sub-hombre, capaz de superstición pero incapaz de religión, capaz de folclore pero incapaz de cultura: el sub-hombre merece trato subhumano, y su escaso valor corresponde al bajo precio de los frutos de su trabajo. El racismo legitima la rapiña colonial y neocolonial, todo a lo largo de los siglos y de los diversos niveles de sus humillaciones sucesivas.
América Latina trata a sus indios como las grandes potencias tratan a América Latina.
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Gabriel René-Moreno fue el más prestigioso historiador boliviano del siglo pasado. Una de las universidades de Bolivia lleva su nombre en nuestros días. Este prócer de la cultura nacional creía que los indios son asnos, que generan mulos cuando se cruzan con la raza blanca. Él había pesado el cerebro indígena y el cerebro mestizo, que según su balanza pesaban entre cinco, siete y diez onzas menos que el cerebro de raza blanca, y por tanto los consideraba celularmente incapaces de concebir la libertad republicana.
El peruano Ricardo Palma, contemporáneo y colega de Gabriel René-Moreno, escribió que los indios son una raza abyecta y degenerada. Y el argentino Domingo Faustino Sarmiento elogiaba así la larga lucha de los indios araucanos por su libertad: Son más indómitos, lo que quiere decir: animales más reacios, menos aptos para la Civilización y la asimilación europea.
El más feroz racismo de la historia latinoamericana se encuentra en las palabras de los intelectuales más célebres y celebrados de fines del siglo diecinueve y en los actos de los políticos liberales que fundaron el Estado moderno. A veces, ellos eran indios de origen, como Porfirio Díaz, autor de la modernización capitalista de México, que prohibió a los indios caminar por las calles principales y sentarse en las plazas públicas si no cambiaban los calzones de algodón por el pantalón europeo y los huaraches por zapatos.
Eran los tiempos de la articulación al mercado mundial regido por el Imperio Británico, y el desprecio científico por los indios otorgaba impunidad al robo de sus tierras y de sus brazos.
El mercado exigía café, pongamos el caso, y el café exigían más tierras y más brazos. Entonces, pongamos por caso, el presidente liberal de Guatemala, Justo Rufino Barrios, hombre de progreso, restablecía el trabajo forzado de la época colonial y regalaba a sus amigos tierras de indios y peones indios en cantidad.
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El racismo se expresa con la más ciega ferocidad en países como Guatemala, donde los indios siguen siendo porfiada mayoría a pesar de las frecuentes oleadas exterminadoras.
En nuestros días, no hay mano de obra peor pagada: los indios mayas reciben 65 centavos de dólar por cortar un quintal de café o de algodón o una tonelada de caña. Los indios no pueden ni plantar maíz sin permiso militar y no pueden moverse sin permiso de trabajo. El ejército organiza el reclutamiento masivo de brazos para las siembras y cosechas de exportación. En las plantaciones, se usan pesticidas cincuenta veces más tóxicos que el máximo tolerable; la leche de las madres es la más contaminada del mundo occidental. Rigoberta Menchú: su hermano menor, Felipe, y su mejor amiga, María, murieron en la infancia, por causa de los pesticidas rociados desde las avionetas. Felipe murió trabajando en el café. María, en el algodón. A machete y bala, el ejército acabó después con todo el resto de la familia de Rigoberta y con todos los demás miembros de su comunidad. Ella sobrevivió para contarlo.
Con alegre impunidad, se reconoce oficialmente que han sido borradas del mapa 440 aldeas indígenas entre 1981 y 1983, a lo largo de una campaña de aniquilación más extensa, que asesinó o desapareció a muchos miles de hombres y de mujeres. La limpieza de la sierra, plan de tierra arrasada, cobró también las vidas de una incontable cantidad de niños. Los militares guatemaltecos tienen la certeza de que el vivio de la rebelión se transmite por los genes.
Una raza inferior, condenada al vicio y a la holgazanería, incapaz de orden y progreso, ¿merece mejor suerte? La violencia institucional, el terrorismo de Estado, se ocupa de despejar las dudas. Los conquistadores ya no usan caparazones de hierro, sino que visten uniformes de la guerra de Vietnam. Y no tienen piel blanca: son mestizos avergonzados de su sangre o indios enrolados a la fuerza y obligados a cometer crímenes que los suicidan. Guatemala desprecia a los indios, Guatemala se autodesprecia.
Esta raza inferior había descubierto la cifra cero, mil años antes de que los matemáticos europeos supieran que existía. Y habían conocido la edad del universo, con asombrosa precisión, mil años antes que los astrónomos de nuestro tiempo. Los mayas siguen siendo viajeros del tiempo: ¿Qué es un hombre en el camino? Tiempo.
Ellos ignoraban que el tiempo es dinero, como nos reveló Henry Ford. El tiempo, fundador del espacio, les parece sagrado, como sagrados son su hija, la tierra, y su hijo, el ser humano: como la tierra, como la gente, el tiempo no se puede comprar ni vender. La Civilización sigue haciendo lo posible por sacarlos del error.
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¿Civilización? La historia cambia según la voz que la cuenta. En América, en Europa o en cualquier otra parte. Lo que para los romanos fue la invasión de los bárbaros, para los alemanes fue la emigración al sur.
No es la voz de los indios la que ha contado, hasta ahora, la historia de América. En las vísperas de la conquista española, un profeta maya, que fue boca de los dioses, había anunciado: Al terminar la codicia, se desatará la cara, se desatarán las manos, se desatarán los pies del mundo. Y cuando se desate la boca, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la otra voz, la jamás escuchada? Desde el punto de vista de los vencedores, que hasta ahora ha sido el punto de vista único, las costumbres de los indios han confirmado siempre su posesión demoníaca o su inferioridad biológica. Así fue desde los primeros tiempos de la vida colonial: ¿Se suicidan los indios de las islas del mar Caribe, por negarse al trabajo esclavo? Porque son holgazanes. ¿Andan desnudos, como si todo el cuerpo fuera cara? Porque los salvajes no tienen vergüenza. ¿Ignoran el derecho de propiedad, y comparten todo, y carecen de afán de rqueza? Porque son más parientes del mono que del hombre.
¿Se bañan con sospechosa frecuencia? Porque se parecen a los herejes de la secta de Mahoma, que bien arden en los fuegos de la Inquisición. ¿Jamás golpean a los niños, y los dejan andar libres? Porque son incapaces de castigo ni doctrina. ¿Creen en los sueños, y obedecen a sus voces? Por influencia de Satán o por pura estupidez. ¿Comen cuando tienen hambre, y no cuando es hora de comer? Porque son incapaces de dominar sus instintos. ¿Aman cuando sienten deseo? Porque el demonio los induce a repetir el pecado original. ¿Es libre la homosexualidad? ¿La virginidad no tiene importancia alguna? Porque viven en la antesala del infierno.
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En 1523, el cacique Nicaragua preguntó a los conquistadores: -Y al rey de ustedes, ¿quién lo eligió? El cacique había sido elegido por los ancianos de las comunidades. ¿Había sido el rey de Castilla elegido por los ancianos de sus comunidades? La América precilombina era vasta y diversa, y contenía modos de democracia que Europa no supo ver, y que el mundo ignora todavía. Reducir la realidad indígena americana al despotismo de los emperadores incas, o a las prácticas sanguinarias de la dinastía azteca, equivale a reducir la realidad de la Europa renacentista a la tiranía de sus monarcas o a las siniestras ceremonias de la Inquisición.
En la tradición guaraní, por ejemplo, los caciques se eligen en asambleas de hombres y mujeres -y las asambleas los destituyen si no cumplen el mandato colectivo. En la tradición iroquesa, hombres y mujeres gobiernan en pie de igualdad. Los jefes son hombres; pero son las mujeres quienes los ponen y deponen y ellas tienen poder de decisión, desde el Consejo de Matronas, sobre muchos asuntos fundamentales de la confederación entera. Allá por el año 1600, cuando los hombres iroqueses se lanzaron a guerrear por su cuenta, las mujeres hicieron huelga de amores. Y al poco tiempo los hombres, obligados a dormir solos, se sometieron al gobierno compartido.
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En 1919, el jefe militar de Panamá en las islas de San Blas, anunció su triunfo: -Las indias kunas ya no vestirán molas, sino vestidos civilizados. Y anunció que las indias nunca se pintarían la nariz sino las mejillas, como debe ser, y que nunca más llevarían aros en la nariz, sino en las orejas. Como debe ser.
Setenta años después de aquel canto de gallo, las indias kunas de nuestros días siguen luciendo sus aros de oro en la nariz pintada, y siguen vistiendo sus molas, hechas de muchas telas de colores que se cruzan con siempre asombrosa capacidad de imaginación y de belleza: visten sus molas en la vida y con ella se hunden en la tierra, cuando llega la muerte.
En 1989, en vísperas de la invasión norteamericana, el general Manuel Noriega aseguró que Panamá era un país respetuosos de los derechos humanos: -No somos una tribu -aseguró el general.
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Las técnicas arcaicas, en manos de las comunidades, habían hecho fértiles los desiertos en la cordillera de los Andes. Las tecnologías modernas, en manos del latifundio privado de exportación, están convirtiendo en desiertos las tierras fértiles en los Andes y en todas partes.
Resultaría absurdo retroceder cinco siglos en las técnicas de producción; pero no menos absurdo es ignorar las catástrofes de un sistema que exprime a los hombre y arrasa los bosques y viola la tierra y envenena los ríos para arrancar la mayor ganancia en el plazo menos. ¿No es absurdo sacrificar a la naturaleza y a la gente en los altares del mercado internacional? En ese absurdo vivimos; y lo aceptamos como si fuera nuestro único destino posible.
Las llamadas culturas primitivas resultan todavía peligrosas porque no han perdido el sentido común. Sentido común es también, por extensión natural, sentido comunitarios. Si pertenece a todos el aire, ¿por qué ha de tener dueño la tierra? Si desde la tierra venimos, y hacia la tierra vamos, ¿acaso no nos mata cualquier crimen que contra la tierra se comete? La tierra es cuna y sepultura, madre y compañera. Se le ofrece el primer trago y el primer bocado; se le da descanso, se la protege de la erosión. Es sistema desprecia lo que ignora, porque ignora lo que teme conocer. El racismo es también una máscara del miedo.
¿Qué sabemos de las culturas indígenas? Lo que nos han contado las películas del Fas West. Y de las culturas africanas, ¿qué sabemos? Lo que nos ha contado el profesor Tarzán, que nunca estuvo. Dice un poeta del interior de Bahía: Primero me robaron del África. Después robaron el África de mi. La memoria de América ha sido mutilada por el racismo. Seguimos actuando como si fuéramos hijos de Europa, y de nadie más.
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A fines del siglo pasado, un médico inglés, John Down, identificó el síndrome que hoy lleva su nombre. Él creyó que la alteración de los cromosomas implicaba un regreso a las razas inferiores, que generaba mongolian idiots, negroid idiots y aztec idiots. Simultáneamente, un médico italiano, Cesare Lombrosos, atribuyó al criminal nato los rasgos físicos de los negros y de los indios. Por entonces, cobró base científica la sospecha de que los indios y los negros son proclives, por naturaleza, al crimen y a la debilidad mental. Los indios y los negros, tradicionales instrumentos de trabajo, vienen siendo también desde entonces, objetos de ciencia. En la misma época de Lombroso y Down, un médico brasileño, Raimundo Nina Rodrigues, se puso a estudiar el problema negro. Nina Rodrigues, que era mulato, llegó a la conclusión de que la mezcla de sangres perpetúa los caracteres de las razas inferiores, y que por tanto la raza negra en el Brasil ha de constituir siempre uno de los factores de nuestra inferioridad como pueblo. Este médico psiquiatra fue el primer investigador de la cultura brasileña de origen africano. La estudió como caso clínico: las religiones negras, como patología; los trances, como manifestaciones de histeria.
Poco después, un médico argentino, el socialista José Ingenieros, escribió que los negros, oprobiosa escoria de la raza humana, están más próximos de los monos antropoides que de los blancos civilizados. Y para demostrar su irremediable inferioridad, Ingenieros comprobaba: Los negros no tienen ideas religiosas.
En realidad, las ideas religiosas habían atravesado la mar, junto a los esclavos, en los navíos negreros. Una prueba de obstinación de la dignidad humana: a las costas americanas solamente llegaron los dioses del amor y de la guerra. En cambio, los dioses de la fecundidad, que hubieran multiplicado las cosechas y los esclavos del amo, se cayeron al agua.
Los dioses peleones y enamorados que completaron la travesía, tuvieron que disfrazarse de santos blancos, para sobrevivir y ayudar a sobrevivir a los millones de hombres y mujeres violentamente arrancados del África y vendidos como cosas. Ogum, dios del hierro, se hizo pasar por san Jorge o san Antonio o san Miguel, Shangó, con todos sus truenos y sus fuegos, se convirtió en santa Bárbara. Obatalá fue Jesucristo y Oshún, la divinidad de las agus dulces, fue la Virgen de la Candelaria...
Dioses prohibidos. En las colonias españolas y portuguesas y en todas las demás: en las islas inglesas del Caribe, después de la abolición de la esclavitud se siguió prohibiendo tocar tambores o sonar vientos al modo africano, y se siguió penando con cárcel la simple tenencia de una imagen de cualquier dios africano. Dioses prohibidos, porque peligrosamente exaltan las pasiones humanas, y en ellas encarnan. Friedrich Nietzsche dijo una vez: -Yo sólo podría creer en un dios que sepa danzar. Como José Ingenieros, Nietzsche no conocía a los dioses africanos. Si los hubiera conocido, quizá hubiera creído en ellos. Y quizá hubiera cambiado algunas de sus ideas. José Ingenieros, quién sabe.
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La piel oscura delata incorregibles defectos de fábrica. Así, la tremenda desigualdad social, que es también racial, encuentra su coartada en las taras hereditarias.Lo había observado Humboldt hace doscientos años, y en toda América sigue siendo así: la pirámide de las clases sociales es oscura en la base y clara en la cúspide. En el Brasil, por ejemplo, la democracia raciasl consiste en que los más blancos están arriba y los más negros abajo. James Baldwin, sobre los negros en Estados Unidos: -Cuando dejamos Mississipi y vinimos al Norte, no encontramos la libertad. Encontramos los peores lugares en el mercado de trabajo; y en ellos estamos todavía.
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Un indio del Norte argentino, Asunción Ontíveros Yulquila, evoca hoy el trauma que marcó su infancia: -Las personas buenas y lindas eran las que se parecían a Jesús y a la Virgen. Pero mi padre y mi madre no se parecían para nada a las imágenes de Jesús y la Virgen María que yo veía en la iglesia de Abra Pampa. La cara propia es un error de la naturaleza. La cultura propia, una prueba de ignorancia o una culpa que expiar. Civilizar es corregir.
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El fatalismo biológico, estigma de las razas inferiores congénitmente condenadas a la indolencia y a la violencia y a la miseria, no sólo nos impide ver las causas reales de nuestra desventura histórica. Además, el racismo nos impide conocer, o reconocer, ciertos valores fundamentales que las culturas despreciadas han podido milagrosamente perpetuar y que en ellas encarnan todavía, mal que bien, a pesar de los siglos de persecución, humillación y degradación. Esos valores fundamentales no son objetos de museo. Son factores de historia, imprescindibles para nuestra imprescindible invención de una América sin mandones ni mandados. Esos valores acusan al sistema que los niega.
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Hace algun tiempo, el sacerdote español Ignacio Ellacuría me dijo que le resultaba absurdo eso del Descubrimiento de América. El opresor es incapaz de descubrir, me dijo: -Es el oprimido el que descubre al opresor. Él creía que el opresor ni siquiera puede descubrirse a sí mismo. La verdadera realidad del opresor sólo se puede ver desde el oprimido. Ignacio Ellacuría fue acribillado a balazos, por creer en esa imperdonable capacidad de revelación y por compartir los riesgos de la fe en su poder de profecía. ¿Lo asesinaron los militares de El Salvador, o lo asesinó un sistema que no puede tolerar la mirada que lo delata? www.ecoportal.net
Fuente: www.Rebelion.org. Tomado de: Eduardo Galeano, Ser como ellos y otros artículos, Siglo Veintiuno Editores, México, 1992.
* Periodista y escritor uruguayo
Lima 609 - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina
(5411) 4383-3349 / 3305 / 3426CHILE
Coordinadora Nacional NO+AFP llama a nueva marcha este domingo 16 de octubre
Publicado el 12 Octubre 2016
Escrito por El Clarín de Chile
El
31 de agosto la Presidenta Bachelet se comprometió con la Coordinadora
Nacional NO+AFP -en el marco del llamado efectuado por ella a un
Acuerdo Nacional-, a dar una respuesta acerca de la propuesta que esta
Coordinadora le hiciera para avanzar hacia un Sistema Público de
Pensiones. Transcurridos más de 42 días, la presidenta de la República
no responde.
Ante
este silencio, la Coordinadora Nacional NO+AFP llamó este miércoles a
una nueva movilización el próximo domingo 16 de octubre, en la que se
hará “un nuevo llamado nacional para romper con la intransigencia y
soberbia de aquellos que se resisten a escuchar el clamor de una
ciudadanía que reclama y exige un sistema previsional justo, que permita
al fin de los días vivir dignamente a los trabajadores y trabajadoras”.
Por
tanto, señala, “llamamos nuevamente a todos los trabajadores chilenos,
a sus familias, con sus niños, padres abuelos a participar activamente
en todo el país para volver a exigir con todas nuestras fuerzas, NO+AFP,
sí a un sistema previsional público y solidario”.
La
Coordinadora denuncia que en estos últimos dos meses, las AFP continúan
presionando para obtener mejoras en beneficio solo de ellas. Así, se
permite que éstas puedan seguir especulando con nuestros ahorros en el
mercado inmobiliario cuyas reglas favorecen abiertamente a las AFP,
incluso, eventualmente permitiendo que los costos de esa administración
delegada, sea con cargo a los fondos de pensiones, algo similar a las
comisiones fantasmas, de las que la ciudadanía se enteró por nuestras
denuncias.
Ha
quedado claro, la poca y nula voluntad del gobierno y del Congreso de
querer hacer cambio verdaderos en beneficio de los millones de afiliados
que se mantienen por la fuerza prisioneros de este sistema espurio.
AFP: la mayor estafa legal de la historia
Publicado el 12 Octubre 2016
Escrito por Julián Alcayaga* - El Clarín de Chile
Las
cotizaciones que se pagan a las AFP son de dos tipos: un 10% que va al
Fondo de Pensiones de cada trabajador, y la Cotización Adicional que
históricamente (1981 a 2009) fue en promedio de 3%, y remunera las AFP.
La
mayor parte de las críticas a las AFP se centran en el 10% que va al
Fondo de Pensiones. Esos montos son invertidos en diversos instrumentos
financieros, tanto en Chile como el extranjero, que han tenido una muy
baja rentabilidad o incluso una rentabilidad negativa, o sea pérdidas.
Según las propias AFP, las miserables pensiones que otorga el sistema
tendrían su origen en las crisis financieras internacionales que afectan
a las Bolsas de Valores. Según este razonamiento, las exiguas pensiones
no son responsabilidad de las AFP, sino del sistema financiero
internacional.
Para
mejorar la rentabilidad, estabilizar las pensiones y paliar los riesgos
del mercado, las AFP crearon diversos tipos de fondos. Unos con mayor
riesgo –llamados de renta variable– que podrían generar una rentabilidad
mayor, pero que están sujetos a la ‘volatilidad’ de los mercados
financieros. Otros fondos, llamados de renta fija y centrados más bien
en las obligaciones, no quedan expuestos a un gran riesgo pero generan
una rentabilidad menor.
Estas
triquiñuelas no han logrado aumentar las pensiones, ni lo lograrán
nunca. La creación de diversos tipos de fondos no es sino un volador de
luces para disimular la causa real de las bajas pensiones que ofrece
este sistema.
Otro
argumento de las AFP y sus defensores, señala que los trabajadores
tienen muchas lagunas en su vida laboral y no pueden cotizar para
aumentar el Fondo de Pensiones. Las AFP son blancas palomas sin
responsabilidad ninguna, puesto que el culpable de las miserables
pensiones es el sistema económico chileno incapaz de generar empleos
estables y bien remunerados.
Si
bien es cierto que la precariedad y los bajos salarios son una realidad
de nuestro país, las AFP no explican cabalmente porqué le sirven
pensiones miserables incluso a los trabajadores que tuvieron estabilidad
laboral y salarios relativamente decentes.
Varias
decenas de miles de trabajadores, principalmente del Estado,
–profesores y otros profesionales–, que percibían remuneraciones
relativamente altas y que beneficiaron de estabilidad en el empleo,
perciben pensiones de hambre que no alcanzan al 30% de su última
remuneración mensual.
Esos
miles de trabajadores jubilados en el sistema AFP, transformados en
pobres a pesar de haber disfrutado de estabilidad laboral y salarios
decentes, estuvieron al origen del poderoso movimiento NO+AFP.
La
amplitud del movimiento obligó a los políticos y al gobierno a
reaccionar, proponiendo modificaciones al sistema. Estas últimas, sin
sorpresa alguna, fueron pergeñadas por las mismas AFP que le han
impuesto sus “soluciones” al gobierno.
Entre
ellas, la de aumentar la cotización de 10% a 15%. Para suavizar la
cosa, proponen que ese 5% lo paguen los empleadores, afectando
sensiblemente a las Pymes. Otra de las soluciones que proponen las AFP,
es aumentar la edad de jubilación. Nada impide que trabajemos hasta los
80 años sostuvo Sergio de Castro, Ministro de Hacienda de la dictadura.
Todo
análisis, crítica y/o solución, se centra únicamente en la cotización
de 10% que va al Fondo de Pensiones. Sobre la Cotización Adicional del
3% que remunera las AFP por administrar la cotización de 10%, reina el
silencio. Sin embargo, aritméticamente, las AFP cobran por sus servicios
el 30% del dinero que mal administran.
Esto
equivale a depositar $1000 en un banco, a una tasa de interés que no va
más allá del 2% o el 3% anual, o sea 20 a 30 pesos al año, a cambio de
lo cual tú tendrías que pagarle al banco 300 pesos por el favor. Claro,
nadie está obligado a regalarle su dinero a los bancos. ¡Pero sí a las
AFP!
Quieras
o no quieras, estás obligado por ley. El DL 3.500 te fuerza a pagarle
$3 a las AFP por cada $10 que pones en tu fondo de pensión. Este es el
robo legal y obligatorio que maquillan en “libre mercado”.
Robo
impuesto por la dictadura, que ningún gobierno dizque ‘democrático’ se
ha atrevido a terminar. Entre otros, porque las transnacionales
financieras no lo permiten.
Las
AFP son empresas privadas que benefician del mercado cautivo que generó
el DL 3.500, al obligar a todos los trabajadores a entregarle sus
fondos previsionales. Metieron todas las aves en un corral, y luego
introdujeron los zorros. Eso es el sistema de AFP. Sistema con el que se
acomodaron Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera. Y porque no decirlo,
sus secuaces.
Las
ganancias de las AFP no dependen de una buena o de una mala gestión, ni
del mercado, ni de la competencia: simplemente, cada vez que cotizas
$130 se quedan con $30. Fin del cuento. Es como ganarse el Loto todos
los días.
Así
fue, cada mes y cada año, desde 1981 hasta el 2009, cuando se
realizaron algunas modificaciones que explicaremos más adelante. Es la
más colosal estafa contra los trabajadores que conoce la historia de
nuestro país. Se dice que quienes crearon este sistema eran muy
inteligentes, pero Al Capone también lo era.
Nunca
en la historia chilena y quizás mundial, se vio un negocio más
extraordinariamente seguro para una empresa privada. Ni las peores
crisis financieras mundiales han logrado afectar el lucro de las AFP, a
pesar de que el valor de los Fondos que administran se redujeron a menos
de la mitad. ¡Pagamos para que pierdan nuestro dinero!
La
estafa fue disimulada mediante la astucia de dividir la cotización
previsional en dos partes: la adicional, que remunera las AFP, y la que
va al Fondo de Pensiones. Intuitivamente, los trabajadores sólo se
preocupan de la evolución de este último.
En
los últimos años esto ha cambiado. Todas las AFP pertenecen en parte o
en su totalidad a compañías internacionales de seguros. Por eso la
cotización adicional fue a su vez dividida en dos partes: una que se
llama Cotización Adicional propiamente tal o Comisión de administración,
y otra que se llama Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SYS). Ambas
cotizaciones deben ser pagadas a la misma AFP en que uno está afiliado.
Existen
además otros cambios, dizque para mejorar el sistema. El SYS es
licitado, y todas las AFP se lo deben pagar a la compañía de seguros que
ganó la licitación anual. En la actualidad el SYS representa un 1,41%
del salario, lo que también es un robo comparado con lo que se paga en
los países desarrollados por este tipo de seguros. Otro cambio
importante en el SYS reside en que ahora no lo pagan los trabajadores
sino los empleadores.
En
la cotización adicional que va directamente a las AFP, también hay
cambios. Los trabajadores pueden afiliarse a la AFP que deseen, pero
todos los nuevos afiliados, los que por primera vez ingresan al mercado
del trabajo, se pueden afiliar durante el primer año solo a una sola
AFP, la que ha ganado la licitación con la propuesta de la más baja
comisión de administración.
Los
2 últimos años la licitación la ganó la AFP Planvital, que propuso una
comisión de 0,47% el año 2015, y de solo 0,41% el año 2016. Nótese que
esa cifra es casi un cuarto de lo que cobra la AFP Provida: un 1,54%.
¿Qué es lo que lleva a Provida a cobrar cuatro veces más?
Esta
cotización adicional de 0,41% de Planvital pone en evidencia que la que
han cobrado las AFP era un robo. Excluyendo el SYS, la cotización se
situaba por sobre el 2%, es decir por sobre el 20% del Fondo de Pensión.
En
comparación, la ex Caja EMPART, creada en 1952 por la Ley 10.475,
destinaba solo 3,5% del Fondo para la administración del sistema,
(entiéndase un 3,5% del Fondo, y no del salario como en el caso de las
AFP) cuando todo se hacía y se calculaba en forma manual porque no
existía la computación. Esto quiere decir que la tasa de 0,41% de la AFP
Planvital, aún podría bajar a 0,35% y esta AFP seguiría ganando dinero.
Que
la cotización adicional de Planvital haya bajado de 0,47% el 2015 a
0,41% el 2016, significa que todas las AFP podrían cobrar una comisión
no superior a 0,41%. Esto nos permite proponer una solución para
aumentar las pensiones de los trabajadores.
Esta
solución consiste en establecer por ley que la cotización adicional que
remunera las AFP tenga un techo de 0,5%. Podrían cobrar menos si lo
desean, pero en ningún caso sobrepasar el techo de 0,5%.
A
los trabajadores se les seguiría descontando 11,5% en promedio, pero
11% irían al fondo de pensiones y 0,5% a las AFP. Por otra parte los
empleadores seguirían pagando el 1,41% correspondiente al SYS, que iría a
incrementar el fondo de pensión de los trabajadores.
Así,
el fondo de pensión aumentaría de 10% a 12,41% sin aumento de
cotizaciones ni para los trabajadores ni para los empleadores. Las AFP
perderían 1% de sus abusivas e injustificables comisiones, en favor de
los trabajadores.
¿Y
el SYS? ¿Quién financiaría el SYS? Este debería quedar a cargo del
Estado a través del IPS, y se financiaría con los ingresos generales del
Fisco.
Las
AFP no podrían alegar que con 0,5% de cotización no se financian,
porque desde hace 2 años la AFP Planvital lo hace incluso con menos.
Por
otra parte, existe una solución aún mejor para lograr una buena
pensión: volver al sistema antiguo EMPART, CANAEMPU, etc. Quién conoce
el DL 3.500 dirá que no es posible porque su art. 2 estipula que un
asalariado, desde el inicio de una actividad laboral, solo se puede
afiliar a una AFP y que dicha afiliación es para toda la vida.
Así
es, pero se trata de una disposición abiertament6e inconstitucional,
que viola el N° 16 del artículo 19 de la Constitución que establece:
"Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la
afiliación a organización o entidad alguna como requisito para
desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación
para mantenerse en estos".
Esto
significa que ninguna ley ni autoridad pueden obligar a nadie a
afiliarse a una AFP para poder ejercer una actividad o trabajo.
Si
se recurre al Tribunal Constitucional, este tendría obligatoriamente
que declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del art. 2 del
DL 3.500, por infringir el N° 16 del art. 19 y los principios generales
de la Constitución Política de la República.
Me
permito pues sugerir que el Colegio de Profesores realice una demanda
colectiva de todos los profesores que están cerca de jubilar, para
solicitar en un tribunal la desafiliación masiva del sistema de AFP.
El
Tribunal, en aplicación del art. 2 del DL 3.500, tendría que rechazar
dicha desafiliación, pero antes que se dicte esa sentencia, in limine,
se debe recurrir de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de ese
artículo ante el Tribunal Constitucional.
Esto
lo puede hacer también cualquiera persona que recurra a un tribunal
para pedir la desafiliación del sistema de AFP. ¿Para qué hacerlo
complicado si podemos hacerlo de la forma más sencilla posible?
Trabajadores fiscales debaten sobre la superación del actual modelo de AFP
De RESUMEN DE CHILE (Concepción)
A las 16:30 horas de este
viernes 14 de octubre, en el Salón Pacifico, ubicado en el piso 14 del
edificio de la Caja Los Andes en calle Tucapel 374 en Concepción, se
reunirán trabajadores fiscales y del sector público, para debatir en
torno a la superación del actual sistema previsional en nuestro país. En
un foro abierto denominado “De la protesta a la propuesta: Nuevo
sistema previsional para Chile”, los asistentes se interiorizarán en las
propuestas de modelo previsional que diversas organizaciones e
instituciones han venido madurando en el ultimo año, como forma de
superar el fracasado modelo de AFP, cuestionado por la sociedad chilena.
Los organizadores son
dirigentes de gremios base de la Asociación Nacional de Trabajadores
Fiscales (ANEF) que han participado de un movimiento que nació en la
región del Bío Bío y que hoy ha alcanzado una envergadura nacional: La
Coordinadora No+AFP. Ellos hacen el llamado a informarse de las
propuesta que han sido trabajadas por la propia Coordinadora No+AFP en
conjunto con centros de estudios como CENDA o la Fundación Sol.
En opinión de los
organizadores, “la AFP están profundamente cuestionadas, su credibilidad
es casi nula, sin embargo falta informar a los trabajadores en torno a
la propuesta del nuevo sistema de protección social que han venido
madurando diversos actores sociales y que hoy se definen como sistema
solidario tripartito de reparto”.
Después de casi un año de prisión, comuneros de Wente Winkul Mapu fueron excarcelados
De RESUMEN DE CHILE (Concepción)
[resumen.cl]
Después de casi un año en prisión preventiva, el pasado viernes 30 de
septiembre, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, resolvió el
excarcelamiento de los miembros de la comunidad Wente Winkul Mapu, el
werken Daniel Melinao, Elisa Rojas y Juan Pablo Lican.
Desde el 10 de octubre de 2015
estaban encarcelados, acusados de ser los autores del ataque a un retén
policial, la quema de una camioneta municipal y el ataque a un bus de
pasajeros. Todos estos hechos habrían sido cometidos mientras, por el
lugar, transitaba el cortejo fúnebre del comunero José Quintriqueo,
quien había sido asesinado, el día anterior, en un proceso de
recuperación territorial en el fundo Nilpe de Galvarino por un inquilino
del fundo, quien lo atropelló con un tractor, cumpliendo órdenes del
administrador, el empresario Raúl Quintas, según denunció la comunidad
de José Quintriqueo.
La Fiscalía y el Ministerio del
Interior no pudieron acreditar sus acusaciones, llegando solo a
establecer la supuesta participación de Daniel Melinao y Elisa Rojas en
el ataque al retén policial y a la camioneta municipal, en calidad de
encubridores. Por su parte, Juan Pablo Lican quedó absuelto de todas las
imputaciones. De este modo, las gravosas penas a las cuales se
exponían, quedaron reducidas a arresto domiciliario nocturno y arraigo
nacional, para Elisa Rojas y arresto domiciliario total, para Daniel
Melinao.
Este juicio tuvo entre sus
acontecimientos más importantes la negativa del Tribunal a disponer un
biombo que ocultara los rostros y el cuerpo de los testigos protegidos
llevados por las partes acusatorias, provocando que siete personas
desistieran de declarar. La medida fue criticada por la Fiscalía,
planteando que arriesgaba a los testigos protegidos, sin embargo, el
curso del juicio demostró que, como en una multitud de casos, las
acusaciones se sostenían en estos testigos, quienes, bajo el
ocultamiento de su identidad, no se responsabilizan de sus afirmaciones y
adquieren las prebendas comprometidas por las instituciones del Estado.
Casos de ello, son los hermanos Ñancucheo.
De uno de ellos se comprobó la recepción de $ 350.000 para postular a
un Subsidio Individual de Tierras, a través de la CONADI, comprándose
una hijuela de cuatro hectáreas en las cercanías de Victoria, a cambio
de su colaboración.
Las condenas, aunque no implican el
encarcelamiento, impiden la movilidad de quienes las sufren, cumpliendo
con el propósito de castigarlos. No obstante, el castigo ha empezado un
año antes, cuando se inició su prisión preventiva. En todo este tiempo,
los comuneros y su entorno más cercano sufrieron los perjuicios de una
medida que, aunque ajustada al derecho imperante, ha constituido un
recurrente instrumento para degradar la vida de quienes amenazan los
privilegios de terratenientes y empresarios que operan en las zonas
disputadas.
Foto: Camilo Tapia
Revocan prisión preventiva a Ernesto Llaitul: deberá cumplir arresto domiciliario nocturno parcial
De RESUMEN DE CHILE (Concepción)
Revocan prisión preventiva a Ernesto Llaitul: deberá cumplir arresto domiciliario nocturno parcial
[resumen.cl] El
Juzgado de Garantía de Los Ángeles revocó la prisión preventiva del
preso mapuche Ernesto Llaitul. Llaitul deberá cumplir arresto
domiciliario nocturno parcial, luego de que el Tribunal acogiera la
solicitud de la defensa del comunero.
Llaitul fue detenido por efectivos de la
Policía de Investigaciones (PDI) junto a Ismael Queupil, según las
fuentes policiales presuntamente portando armas de fuego y municiones
durante la tarde del viernes 27 de mayo en la ciudad de Los Ángeles. Sin
embargo, una de las razones por las que el Juzgado de Garantía de Los
Ángeles acogió la solicitud de la defensa de modificar la medida
cautelar, fue la contradicción en las declaraciones de dos agentes de la
PDI sobre el lugar en el que fueron detenidos, lo que podría respaldar
la tesis de que el caso se trata, en primer lugar, de una detención
ilegal y también de una persecución política contra el estudiante de
sociología de la Universidad de Concepción, hijo de Héctor Llaitul
vocero de la CAM.
El Fiscal Carlos Díaz, persecutor de los
mapuche decidió apelar a la Corte de Apelaciones de Concepción para
mantener en prisión preventiva a Ernesto Llaitul quien está recluído en
la Cárcel de Mulchén desde su detención.
A 18 años de la detención de Pinochet en Londres ¿Justicia? En la medida de la impudicia
De RESUMEN DE CHILE (Concepción)
Darío Núñez / resumen.cl
El 16 de octubre de 1998
Pinochet fue detenido en Londres. El Londres de Inglaterra, Gran
Bretaña, Europa, y no en el oscuro cuartel de exterminio ubicado en
calle Londres 38, de Santiago, en donde centenares de víctimas del
tirano sufrieron los tormentos de su régimen criminal y desde donde
cientos de ellos fueron hechos desaparecer.
El tirano estuvo preso 503 días en
Inglaterra, 1 año, 4 meses y 18 días. No deja de ser para alguien que se
sentía inmune, intocable. Hasta su lugar de reclusión en Londres
acudieron a acompañarlo los aborrecibles políticos de la derecha facha y
dictatorial hasta la médula. Hasta allá también acudieron en su rescate
los corruptos, desvergonzados y sometidos gobernantes
concertacionistas. Rescataron a su tiranuelo para ponerlo a salvo en
Chile, donde se benefició de la protección de la clase política y, sobre
todo, de la complacencia e inoperancia (cuando no, descarada
complicidad) de los tribunales de justicia que terminaron absolviéndolo
de toda responsabilidad con el pretexto de que estaba demente. En rigor,
el tirano Pinochet siempre tuvo el mismo estado mental, desde aquel
maldito 23 de agosto de 1973, cuando el presidente Salvador Allende fue
inducido a cometer la estupidez de designarlo comandante en jefe del
ejército, hasta el 10 de diciembre del año 2006 en que el criminal murió
por causas naturales.
Pero esos 503 días en Londres, sirvieron
para marcar un antes y un después en la magra labor de la justicia
chilena. Solo a partir de este hecho y desde ese momento comienza a
romperse el muro de impunidad con que estaban siendo protegidos y
beneficiados los agentes y oficiales criminales de los aparatos
represivos de la dictadura y de las llamadas instituciones de la defensa
nacional.
El arresto de Pinochet en Londres
significó algo más que la simple detención de un dictador; este hecho
abrió las posibilidades de iniciar procesos judiciales a los violadores
de los derechos humanos y autores de crímenes de lesa humanidad en Chile
o el exterior. Desde entonces los criminales tendrían que empezar a
responder por sus delitos, se les terminaban las vacaciones por el
mundo, se les comenzaba a derribar el muro de complicidades que les
protegía.
Muro de protección que se había
convertido en una verdadera cultura de la impunidad, en una
desvergonzada manera de hacer política sobre el olvido, sobre la
ignorancia, sobre la injusticia. Cultura de la impunidad que se había
instalado en Chile y la sociedad chilena desde la aberrante premisa
establecida por el gobierno de Patricio Aylwin de “justicia en la medida
de lo posible”, y que, bajo el paraguas de las alabanzas al “modelo
económico instaurado”, esparcidas gentilmente por la cancillería
chilena, había comenzado a distorsionar la percepción que la comunidad
internacional tenía sobre los sucesos acontecidos en Chile durante los
17 años de dictadura.
En sus formas más grotescas esta cultura
de impunidad trataba de justificar y minimizar las violaciones de
derechos humanos como parte de las “consecuencias desafortunadas e
inevitables de la guerra fría”. En sus formas más sutiles, pero no menos
perniciosa, era la creación de Informes Oficiales que daban por
“investigado” los hechos ocurridos y con su publicación se esperaba dar
punto final al “problema de los derechos humanos”. A tal punto se impuso
esta cultura de impunidad sobre la sociedad chilena que la Comisión
Rettigg solo se limitó a “investigar” casos de violaciones de derechos
humanos que culminaron en muerte. Ni un solo caso de tortura, violación o
ultraje, de los cuales hubo cientos de miles, fue investigado o
archivado. El uso de la tortura durante la dictadura militar era así
tácitamente avalado, o por lo menos ignorado, como crimen. Más aun, se
daba por entendido que el supuesto reconocimiento oficial de los
“lamentables hechos” ocurridos era suficiente y era ahora necesario
“mirar al futuro y dejar de vivir en el pasado”.
La cultura de impunidad había impregnado
la sociedad chilena en todo su ámbito, reflejándolo así en su lenguaje,
el cual había tomado una nueva tonalidad con relación a la dictadura
militar y la violación de los derechos humanos. Con las excepciones de
minorías honrosas, a la época del arresto de Pinochet, el lenguaje
político-social oficial y de pasillo había transformado a la “dictadura
militar” en “gobierno autoritario”, al “dictador” en “jefe de gobierno”,
al “golpe militar” en “pronunciamiento”, las “violaciones de derechos
humanos” en “supuestos excesos”, la “política de exterminio sistemático”
en “posible abusos arbitrarios”, y la “impunidad’ en “reconciliación”.
Como expresión aberrante de esta política sistemática de “transformación
forzada” de la realidad y de la historia, Pinochet se había convertido
de “Dictador” a “Senador Vitalicio”. En el ámbito nacional las víctimas
de la dictadura habían dejado de ser percibidas como personas cuyas
vidas habían sido cruelmente extinguidas y se habían convertido en
simples cifras de informes oficiales. Se había sepultado, a través de
una amnesia institucionalizada, la violación de los derechos humanos
durante la dictadura militar. El proceso de exculpación de los
violadores de los derechos humanos había alcanzado su última etapa, en
la cual los crímenes quedaban ocultos y olvidados por “los logros del
milagro económico del modelo chileno” que sería el único legado de la
dictadura.
En este punto de la historia es que se
produce el arresto de Pinochet en Londres y se pone de nuevo al
descubierto los alevosos crímenes cometidos por el régimen dictatorial;
el escenario de solidaridad y movilizaciones que se produjo a partir de
este hecho marcó el punto de inicio de la lucha contra la impunidad,
contra el muro de impunidad, contra los cómplices, encubridores y
protectores de un régimen criminal.
Es cierto, que como constatamos, el
tirano fue rescatado por el gobierno concertacionista de turno y la
clase política chilena de manos de la justicia inglesa y española que
reclamaban su juzgamiento en tierras y cortes extranjeras; es cierto que
las cortes chilenas, los poderes fácticos y la amoral clase política,
movieron todo lo que fue necesario mover para encubrir, proteger y
salvar al tirano de las numerosas causas judiciales que lo acosaban, al
precio de declararlo demente pero lo salvaron. Pero no es menos cierto
que durante el apresamiento de Pinochet en Londres se presentaron en su
contra las primeras querellas criminales en tribunales chilenos y, por
primera vez, éstos se vieron forzados a acogerlas a trámite, al menos.
También a partir de entonces, y para
disimular la impunidad con que favorecerían al tirano, los tribunales
chilenos, sometidos durante un tiempo al escrutinio y atenta mirada de
la prensa extranjera y de organismos de derechos humanos
internacionales, se vieron forzados a iniciar tramitaciones de causas de
derechos humanos. Por su parte, los gobiernos concertacionistas de
dispusieron a iniciar nuevos esfuerzos de “reconciliación” (entiéndase:
nuevos caminos de impunidad) mediante el impulso de “comisiones
oficiales” y de “mesas de diálogo” y de los consabidos “grupos de
expertos y asesores”, que tuvieron como resultado el Informe Valech.
Justicia con leyes y tribunales de dictadura
Los tribunales chilenos, mejor dicho las
personas que integraban los organismos resolutivos de los tribunales
chilenos, esto es jueces, fiscales y ministros de corte, encontraron con
celeridad resquicios para seguir ocultando la verdad y negándose a
aplicar justicia. Es en este escenario en que cobra especial relevancia
la aplicación de la ley de amnistía decretada por Pinochet en abril de
1978 con el claro y definido propósito de blindar con un manto de
protección seudo legal a los agentes, oficiales y tropa, uniformados y
civiles, que estuviesen involucrados en la comisión de delitos
criminales ejecutados al servicio de la dictadura. Esta ley de amnistía
es la que es aplicada a mano abierta por los tribunales para beneficiar a
eventuales implicados o procesados, aplicando un ilegítimo derecho que
les beneficiaba.
Esto en los casos en que los trámites
judiciales quedaban o estaban en manos de tribunales civiles, porque lo
que normalmente ocurría era que, al estar implicados militares o
uniformados en determinados delitos, los tribunales civiles se
declaraban incompetentes y trasladaban las causas a los tribunales
militares. Éstos, a su vez, no investigaban, se negaban a investigar y
sobreseían raudamente las causas aduciendo cualquier falacia que
resultara conveniente.
Lo que se había ganado en la lucha
contra la impunidad producto de la detención de Pinochet en Londres, se
estaba perdiendo por la impudicia de los tribunales civiles que seguían
teniendo un comportamiento cómplice con la dictadura y sus crímenes
(como lo tuvieron durante los 17 años de régimen militar; con las
honrosas excepciones que, con algo de esfuerzo, siempre pueden
encontrarse). Esto hasta el año 2006.
Ocho años después de Londres: La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio otro empujón a la impunidad
La Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) es un órgano judicial de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), que tiene su sede en San José de Costa Rica, destinada
a interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el sistema
interamericano de protección de derechos humanos. Chile es parte
firmante de este pacto desde 1990.
Hace ahora 10 años atrás, en octubre del
año 2006, la CIDH resolvió condenar al Estado chileno por la aplicación
de la ley de Amnistía en el caso de un opositor ejecutado durante la
dictadura. El organismo internacional determinó que Chile vulneró las
disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica en el caso del
profesor de enseñanza básica Luis Alfredo Almonacid Arellano, de 42 años
de edad, militante del Partido Comunista, asesinado en Rancagua el 17
de septiembre de 1973, un día después de haber sido arrestado por la
policía. En 1997, la justicia militar había dictado el sobreseimiento
definitivo de la causa – iniciada por los tribunales ordinarios-, por
encontrarse extinguida la responsabilidad penal, en virtud de la ley de
Amnistía. La resolución eximió de responsabilidad penal a los militares
Raúl Neveu Cortesi y Manuel Castro, procesados en 1996 por homicidio
calificado y complicidad, respectivamente.
En una sentencia adoptada por unanimidad, en lo esencial, la CIDH decretó que:
“El Estado debe asegurarse que el Decreto Ley No. 2.191 (Ley de Amnistía) no siga representando un obstáculo para la continuación de las investigaciones de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano y para la identificación y, en su caso, el castigo de los responsables, conforme a lo señalado en los párrafos 145 a 157 de esta Sentencia.El Estado debe asegurarse que el Decreto Ley No. 2.191 no siga representando un obstáculo para la investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables de otras violaciones similares acontecidas en Chile, conforme a lo señalado en el párrafo 145 de esta Sentencia.El Estado deberá realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 162 de la presente Sentencia, dentro del plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la misma.
Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento”.
Una vez más, son los acontecimientos
fuera de Chile y la presión internacional, los que originan la
respuesta defensiva del gobierno y las autoridades chilenas y finalmente
algunos avances en la lucha por los derechos humanos. A la Corte
Interamericana, fue llevado el caso por los familiares de Luis
Almonacid, quienes alegaron que en Chile se les había denegado justicia.
La presentación judicial no fue por el homicidio sino por la denegación
de justicia. Una vez más el gobierno concertacionista de turno y la
clase política chilena salen en defensa de lo indefendible. La Corte
falló a favor de los familiares y decretó que los casos de lesa
humanidad no eran amnistiables y que Chile debía de asegurar que sus
leyes fueran compatibles con los estándares internacionales.
Entonces, el gobierno chileno,
inmediatamente cambio el discurso, luego de poner esfuerzos y recursos
en defender allí al Estado de Chile, paso a valorar la decisión de la
Corte y a decir que el Gobierno seguiría respetuosamente las decisiones
de este fallo. Luego de perder en la Corte, intentan aparecer como que
ellos desde el principio estaban en la misma posición que los
familiares. Los gobiernos de la Concertación en su programa,
prometieron eliminar la Ley de Amnistía, luego se escudaron en el hecho
que no tenían mayoría en el Congreso, luego no les han faltado
pretextos o mentiras pero, curiosamente, se han olvidado de la Ley de
Amnistía. Solo la resolución de la Corte Interamericana ha estado y
servido de garante para recordarle a los gobernantes y a los tribunales
cuáles son sus obligaciones.
La Comisión determinó que el asesinato
de Luis Almonacid era un crimen de lesa humanidad; establece que los
crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, que los crímenes de
lesa humanidad no son amnistiables y que el Estado chileno faltó a sus
obligaciones y por lo tanto violó los derechos de Elvira Gómez, esposa
de Almonacid.
Esta resolución de la CIDH sentó un
precedente y una obligación que el estado chileno ni los tribunales han
podido eludir o dejar de considerar. En el caso Almonacid, la Corte
Suprema, compelida por la reapertura del caso ordenada por la CIDH,
resolvió a favor de la justicia civil la contienda de competencia
planteada con los tribunales militares, y lo asignó a un juez civil,
ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El caso Almonacid
concluyó en julio del 2013 con el dictamen de la Corte Suprema que
condena a una pena de 5 años de libertad vigilada a un carabinero
retirado por el “homicidio calificado” del profesor comunista y
dirigente del magisterio.
Impunidad por las rendijas
Pero, como siempre, la clase política y
la camarilla de la derecha en los tribunales chilenos, no han dejado de
buscar resquicios y trampas para seguir imponiendo sus objetivos de
impunidad. A las “comisiones oficiales”, “informes oficiales”, “mesas de
diálogo”, comités de expertos” y otras patrañas, el año 2012 se agregó
la “autocrítica” de la Corte Suprema respecto al papel desempeñado por
los tribunales durante la dictadura. Autocrítica que no pasó de ser un
gesto hipócrita y una cortina de humo para dar cabida a diversas formas
de impunidad “legal”.
Ante la imposibilidad de aplicar la ley
de amnistía, los jueces, ministros de corte de tribunales (entiéndase,
personas que trabajan allí como ministros de ley, pero que nada impide
que den rienda suelta a sus vocaciones ideológicas y afinidades
sociales), se las han arreglado para imponer la aplicación del invento
jurídico de “la media prescripción” que consiste en considerar que los
crímenes cometidos por los agentes de la dictadura han prescrito
producto del paso del tiempo transcurrido desde la comisión del delito
al momento del juzgamiento, pero como no pueden aplicar esta norma de
prescripción (compelidos por la CIDH y otros tratados suscritos por el
estado chileno) debido a que tal precepto no aplica a delitos de
derechos humanos o de lesa humanidad, inventan el concepto de “media
prescripción” para proteger y beneficiar de alguna manera a sus aliados
de siempre. Primero deniegan justicia durante décadas y luego, cuando
son obligados a aplicar justicia, se escudan en que ya ha pasado mucho
tiempo y los delitos expiran judicialmente. Eso se llama ser caraduras y
convierte en una farsa hipócrita la mentada autocrítica de septiembre
de 2012.
A la media prescripción, los tribunales,
y en particular ciertos jueces, le agregan otros resquicios tendientes
siempre a proteger a los criminales. Por un lado, las investigaciones
judiciales llevadas a cabo por ministros de Corte de Apelaciones, en
numerosos casos, son realizadas con una falta de rigor, de profundidad,
de interés por establecer la verdad jurídica, que muchas veces terminan
cerrando las etapas de investigación sin procesados o con una cantidad
de procesados irrisoria en proporción a la magnitud de las acciones
criminales y la cuantía de los delitos cometidos. Pero no solo es
laxitud en la investigación y desarrollo de los procesos, sino también
una exacerbante lentitud que no pretende sino imponer la impunidad
biológica, es decir, que los criminales vayan muriendo o declarándose
dementes por edad (siguiendo el modelo del tirano y otros jerarcas
criminales) y de ese modo terminar burlándose de los familiares de las
víctimas y querellantes.
En este comportamiento indigno de lo que
se entiende y espera de tribunales de justicia, influye de manera
gravitante la presión de los fachos y poderes fácticos sobre las
expectativas de carrera funcionaria que tengan o se hagan jueces y
ministros. En otras palabras, si jueces y ministros quieren acceder a
posiciones de alta magistratura deben “hacer méritos” para que los
senadores fachos de la UDI y RN aprueben sus ascensos en el poder
judicial, de lo contrario sus carreras se truncan. Así ha ocurrido en
variadas ocasiones en que los senadores fachos han “castigado” a los
ministros que han tenido un comportamiento digno y justo en materia de
derechos humanos, cercenando sus carreras, y promueven graciosamente
(con la complicidad concertacionista) a aquellos que demuestran una
actitud judicial pro impunidad o pro facho. Esta condición de rehenes de
la clase política gravita en el desempeño de los tribunales tanto en el
tratamiento, como en la investigación y en los fallos de las causas de
derechos humanos.
Cuando las causas logran terminar en
juicios ejecutoriados, los afanes de impunidad continúan con la
aplicación de condenas ridículamente bajas, vergonzosamente bajas, en
relación a los delitos de que se trata o a la cuantía de los hechos de
que se juzgan. Además, las penas bajas se traducen en penas remitidas,
es decir, sin condena de presidio efectivo sino con supuestas firmas
mensuales que nadie controla y que ningún criminal cumple. Ejemplos de
este tipo de práctica los hemos tenido de sobra en diversos fallos de
variadas causas a lo largo del país, pero en nuestra zona, el ministro
Aldana ha destacado por su tendencia a favorecer criminales, sea
mediante la ponderación de los delitos, sea mediante fallos absurdos,
sea mediante condenas ridículas, sea haciéndose el desentendido cuando
los condenados se niegan a acatar las resoluciones judiciales.
Esta ha sido otra característica indigna
del rol de la justicia. Algunos criminales que reciben condenas de
cárcel por sus delitos, simplemente se declaran en rebeldía y no son
aprendidos porque los señores jueces no dictan orden de búsqueda y
detención. Los criminales siguen recibiendo sus rentas pagadas por el
estado, entregadas por las llamadas instituciones donde cumplieron sus
funciones criminales, y los tribunales se hacen los desentendidos,
permitiendo que los condenados vivan sus vacaciones sin la molestia de
cumplir en prisión.
Por último, si todo lo anterior no ha
sido suficiente, en los últimos meses los poderes fácticos y los
políticos fachos (con la complaciente complicidad, o comprada
complicidad, de los políticos concertacionistas) han lanzado una feroz
ofensiva en pos de lograr la libertad condicional de los criminales
rematados y que cumplen condenas en los penales de lujo con que han sido
beneficiados. Esta ofensiva ha tenido, desde luego, la anuencia de la
clase política gobernante y de ciertos altos ministros de corte que
siempre han sido proclives a la impunidad, al olvido, a la impudicia. El
actuar de tribunales, en estos casos, de la Corte de Apelaciones de
Santiago, linda en la burla al pretender otorgarle libertad condicional a
criminales de la jerarquía de la DINA que se caracterizaron por la
bestialidad con que dirigieron sus agrupaciones represivas causando la
muerte y desaparición de cientos de prisioneros políticos; cumplen
condenas que suman cientos de años por delitos de lesa humanidad que son
inamnistiables e imprescriptibles. Sin embargo, los altos tribunales,
se sienten por sobre la ley y se arrogan la autoridad de otorgar
libertades según su inclinación ideológica y su conveniencia social y
funcionaria. Esto es un asco de justicia.
Por si no fuese suficiente las
desvergüenza concertacionista, la recién designada Subsecretaria de
Derechos Humanos, Lorena Fries, inaugura su promoción desde el INDH, con
una aberrante declaración en que promueve el indulto para los
condenados por delitos de derechos humanos y lesa humanidad. La vocera
de Bachelet en esta materia, no disimula la complicidad gubernamental
con estas intentonas fachas de imponer impunidad para los criminales
bajo cualquier pretexto. La vocera Fries se ocupa de los derechos
humanos de los victimarios, de los criminales, y aduce razones de edad,
razones de enfermedad, razones de humanidad (que se reducen a razones de
amoralidad y corrupción) para justificar una propuesta que resulta
inadmisible desde el punto de vista del más mínimo sentido de la
justicia y del más mínimo sentido de la dignidad y respeto a los
derechos humanos de las víctimas y sus familias. Los delitos de lesa
humanidad no pueden ser beneficiados por argumentos de tiempo, de edad,
ni por ninguna artimaña indultatoria, porque son imprescriptibles e
inamnistiables; la vocera y sus mandantes parecen olvidar la existencia
de tratados internacionales de Derechos Humanos a los que el estado de
Chile está adscrito, entre otros, a la CIDH.
Estas decisiones gubernamentales y
actuaciones arbitrarias y antojadizas de las Cortes y ciertos ministros,
son una grosera burla no solo hacia los familiares de las víctimas,
sino hacia el conjunto de la ciudadanía, hacia el sentido de la decencia
y de la dignidad que se espera de la justicia. Recientemente, ha sido
otra decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que
obligó al estado chileno a anular los espurios Consejos de Guerra
realizados por la dictadura contra integrantes democráticos de las
fuerzas armadas que habían sido groseramente castigados con condenas
infames de por vida; cuando a gobernantes y cortes chilenas no les queda
más que aplicar un dictamen de la CIDH rasgan vestiduras y derraman
lágrimas, pero hasta entonces no han sido más que cómplices de la
injusticia. Tendremos que esperar que otra instancia extranjera u otro
suceso judicial internacional ocurra contra Chile para volver a
conseguir dar un paso más en esta lucha contra la impunidad de
criminales y la impudicia de tribunales.
Corte Suprema condena a agentes de la DINA por el secuestro calificado de artesano en 1974
Publicado el 11 Octubre 2016
Escrito por El Clarín de Chile
La
Corte Suprema condenó a los ex agentes de la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA) Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes a
penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito
de secuestro calificado del artesano José Manuel Ramírez Rosales,
ilícito perpetrado a partir del 27 de julio de 1974.
En
fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los
ministros Milton Juica, Carlos Künsemüler, Haroldo Brito, Manuel Antonio
Valderrama y Jorge Dahm– acogió el recurso de casación presentado en
contra de la sentencia dictada el 4 de mayo pasado, por la Corte de
Apelaciones de Santiago, que rebajó a 3 años y un día las condenas a
purgar por Krassnoff Martchenko y Zapata Reyes por su responsabilidad en
el secuestro del artesano y militante del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), quien fue visto por última vez con vida en el
centro de detención clandestino de Londres 38.
Según el fallo del máximo tribunal, en la causa no corresponde aplicar la figura de la media prescripción por tratarse de un delito de lesa humanidad.
"Que, como se advierte de la lectura del fundamento vigésimo segundo de la sentencia de veintiuno de enero de dos mil quince los hechos establecidos en relación al secuestro calificado de la víctima José Ramírez Rosales, tienen el carácter de delito de lesa humanidad, conforme a los principios y normas que informan el Derecho Internacional Humanitario.
Que dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como en el de la especie", sostiene el fallo.
Según el fallo del máximo tribunal, en la causa no corresponde aplicar la figura de la media prescripción por tratarse de un delito de lesa humanidad.
"Que, como se advierte de la lectura del fundamento vigésimo segundo de la sentencia de veintiuno de enero de dos mil quince los hechos establecidos en relación al secuestro calificado de la víctima José Ramírez Rosales, tienen el carácter de delito de lesa humanidad, conforme a los principios y normas que informan el Derecho Internacional Humanitario.
Que dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como en el de la especie", sostiene el fallo.
En
el aspecto civil, se ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización
de $100.000.000 (cien millones de pesos) a la cónyuge de la víctima.
"La
acción civil deducida en contra del Fisco de Chile, que tiene por
objeto obtener la íntegra reparación de los perjuicios ocasionados por
el actuar de agentes del Estado, conforme fluye de los tratados
internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de normas
de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la
República. En efecto, este derecho de las víctimas y sus familiares
encuentra su fundamento en los principios generales de derecho
Internacional de los Derechos Humanos, y la consagración normativa en
los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan
al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra,
en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º y en el
artículo 6º de la Constitución Política (…) en reiterados fallos, esta
Corte ha sostenido que la reparación íntegra de los perjuicios
ocasionados por el actuar de agentes del Estado lo demanda la aplicación
de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y
la interpretación de las normas de derecho internacional consideradas
ius cogens por la comunidad jurídica internacional".
Corte Suprema confirma condena de oficial de ejército (r) por el homicidio en Valparaíso
Publicado el 13 Octubre 2016
Escrito por El Clarín de Chile
La
Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y el fondo
presentados en contra de la sentencia que condenó a la pena de 10 años y
un día de presidio al oficial en retiro del Ejército Rubén Fiedler
Alvarado, como autor del delito de homicidio calificado de Alejandro
Villalobos Díaz, ilícito perpetrado el 19 de enero de 1975, en
Valparaíso.
En
fallo unánime la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los
ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto
Cisternas y Jorge Dahm– confirmó, además, la resolución que ordena al
Estado de Chile pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta
millones de pesos) a familiares de la víctima.
La
sentencia del máximo tribunal rechazó el recurso de casación presentado
por la figura de ministro en visita para investigar causas por
violaciones a los derechos humanos: "En cuanto al primero de ellos
–causal 6ª del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal– yerra el
recurso cuando sostiene que la norma en virtud de la cual se aceptó a
tramitación la querella de autos –artículo 50 N° 2 del Código Orgánico
de Tribunales– había sido substancialmente modificada en la época
suprimiendo los ministros de fuero, ya que tal formulación de motivos
ignora que el artículo 7º transitorio de la ley 19.665 precisamente
prevé la ultractividad de las disposiciones del Código Orgánico de
Tribunales u otros cuerpos legales relativas a la competencia en materia
penal, después de la fecha de entrada en vigencia de la reforma
procesal penal en el país, respecto de las causas cuyo conocimiento
correspondía a los juzgados del crimen y los juzgados de letras con
competencia en lo criminal, por referirse a hechos acaecidos con
anterioridad a dicha vigencia. Esta situación es, entonces, la que se
produce en el presente proceso, ya que su conocimiento correspondía a
tales tribunales del crimen, viéndose alterada la jerarquía del tribunal
instructor en razones de fuero y, posteriormente, en virtud de lo
dispuesto por esta Corte Suprema, en ejercicio de sus atribuciones
económicas, al ordenar que los procesos referidos violaciones a los
derechos humanos fueran conocidos y fallados por Ministros en Visita
Extraordinaria", sostiene el fallo.
Asimismo, se rechazó el recurso en contra de la decisión que dio por establecida la participación del condenado en los hechos.
"I.–
Que a principios del año 1975, el Jefe de la Dirección de Inteligencia
Nacional DINA, por orden del integrante de la Junta Militar Almirante
José Toribio Merino Castro, envió a un grupo operativo a cargo del Jefe
de la "Brigada Caupolicán" hasta la ciudad de Valparaíso, quienes
viajaron desde la ciudad de Santiago a fines de la primera quincena del
mes de Enero de 1975, en un helicóptero que se posó en el patio del
Regimiento Maipo N°2 de Valparaíso, recinto donde establecieron su
centro de operaciones; primeramente en el Casino de Suboficiales ubicado
al interior del referido regimiento y posteriormente en el subterráneo
del Casino de Oficiales ubicado en frente. En los operativos realizados
se procedió a la captura de los militantes o afines al grupo
revolucionario, quienes eran interrogados en las dependencias antes
señaladas. Los capturados eran sometidos a sesiones de tortura física y
psíquica de variada índole, siento alguno de ellos trasladados al
Cuartel Silva Palma de la Armada de Valparaíso y otros al Centro de
Detención Clandestino denominado "Villa Grimaldi", en la ciudad de
Santiago. Para la realización de dichos operativos, los agentes de la
DINA contaron con la colaboración de Oficiales y Suboficiales del
referido Regimiento Maipo, especialmente de los integrantes de la
sección segunda de Inteligencia.
II.– Que, a fin de capturar a las personas buscadas, utilizaban entre otros procedimientos, uno que llamaban "ratonera" que consistía en ocupar la casa de algún miembro del Movimiento Revolucionario a fin de esperar a otro integrante o simpatizante del mismo que se apersonara al lugar para proceder a su interceptación o captura. Es así que dentro del marco antes descrito y encontrándose dentro de los listados de personas buscadas por los órganos de inteligencia, el Jefe Regional del Movimiento de Izquierda Revolucionario– MIR, don Alejandro Delfín Villalobos Díaz, se montó dicho operativo para su captura.
III.– Que el día 19 de enero de 1975, Villalobos Díaz llegó hasta el inmueble ubicado en calle Abtao N°780 y Jackson N° 870 del sector de Chorrillos de Viña del Mar, que era el domicilio de un miembro del MIR, donde era esperado por varios días por un grupo de la DINA y de la Sección Segunda del Regimiento Maipo y, en instantes en que aquél se encontraba frente a la puerta de ingreso, uno de los integrantes del señalado grupo le apuntó con un arma de fuego y acto seguido efectuó un disparo a corta distancia, dirigido a la cabeza de aquel, causándole una herida a bala, sin salida de proyectil, lo que le causó la muerte en forma inmediata.
Tales hechos se estimaron como constitutivos del delito de homicidio calificado por la premeditación conocida, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 circunstancia quinta del Código Penal, ya que Alejandro Delfín Villalobos Díaz murió por acción de terceros, quienes lo esperaban con la determinación anterior de causarle la muerte, desprendiéndose la circunstancia calificante del hecho que se montó un operativo como el descrito con la finalidad de ubicarlo y eliminarlo. A su turno, los jueces del grado concluyeron la participación del acusado en calidad de autor, considerando que en la época se encontraba en el Regimiento Maipo, se unió al trabajo de la DINA y le reconoció a un compañero de armas que él había capturado a Villalobos Díaz, con una participación tan relevante que le significó un premio, hechos que constituyen un conjunto de presunciones que apreciadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten concluir que quien disparó a corta distancia causando la muerte a don Alejandro Delfín Villalobos Díaz, fue el acusado Rubén Fiedler Alvarado, lo que constituye autoría del homicidio calificado en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal".
II.– Que, a fin de capturar a las personas buscadas, utilizaban entre otros procedimientos, uno que llamaban "ratonera" que consistía en ocupar la casa de algún miembro del Movimiento Revolucionario a fin de esperar a otro integrante o simpatizante del mismo que se apersonara al lugar para proceder a su interceptación o captura. Es así que dentro del marco antes descrito y encontrándose dentro de los listados de personas buscadas por los órganos de inteligencia, el Jefe Regional del Movimiento de Izquierda Revolucionario– MIR, don Alejandro Delfín Villalobos Díaz, se montó dicho operativo para su captura.
III.– Que el día 19 de enero de 1975, Villalobos Díaz llegó hasta el inmueble ubicado en calle Abtao N°780 y Jackson N° 870 del sector de Chorrillos de Viña del Mar, que era el domicilio de un miembro del MIR, donde era esperado por varios días por un grupo de la DINA y de la Sección Segunda del Regimiento Maipo y, en instantes en que aquél se encontraba frente a la puerta de ingreso, uno de los integrantes del señalado grupo le apuntó con un arma de fuego y acto seguido efectuó un disparo a corta distancia, dirigido a la cabeza de aquel, causándole una herida a bala, sin salida de proyectil, lo que le causó la muerte en forma inmediata.
Tales hechos se estimaron como constitutivos del delito de homicidio calificado por la premeditación conocida, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 circunstancia quinta del Código Penal, ya que Alejandro Delfín Villalobos Díaz murió por acción de terceros, quienes lo esperaban con la determinación anterior de causarle la muerte, desprendiéndose la circunstancia calificante del hecho que se montó un operativo como el descrito con la finalidad de ubicarlo y eliminarlo. A su turno, los jueces del grado concluyeron la participación del acusado en calidad de autor, considerando que en la época se encontraba en el Regimiento Maipo, se unió al trabajo de la DINA y le reconoció a un compañero de armas que él había capturado a Villalobos Díaz, con una participación tan relevante que le significó un premio, hechos que constituyen un conjunto de presunciones que apreciadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten concluir que quien disparó a corta distancia causando la muerte a don Alejandro Delfín Villalobos Díaz, fue el acusado Rubén Fiedler Alvarado, lo que constituye autoría del homicidio calificado en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal".
Además,
se rechazó la casación elevada por el fisco en contra de la
indemnización establecida, argumentando que los delitos de lesa
humanidad son imprescriptibles tanto en el aspecto penal, como en la
variante civil.
"Cabe
considerar que esta Corte ya ha señalado reiteradamente que toda la
normativa internacional aplicable en la especie por mandato
constitucional, que propende a la reparación integral de las víctimas,
ciertamente incluye el aspecto patrimonial. En efecto, en autos se está
en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delito de "lesa
humanidad", calificación que no sólo trae aparejada la imposibilidad de
amnistiar el ilícito, declarar la prescripción de la acción penal que de
él emana, sino que además, la inviabilidad de proclamar la extinción
–por el transcurso del tiempo– de la posibilidad de ejercer la acción
civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por
acreditado. Así entonces tratándose de un delito de lesa humanidad cuya
acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente
entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas
sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello
contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional
sobre Derechos Humanos –integrante del ordenamiento jurídico nacional
por disposición del artículo 5º de la Carta Fundamental– que consagra el
derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida
reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito,
por lo que resulta contrario a derecho declarar prescrita la acción
intentada por la actora contra el Estado de Chile.
A resultas de lo explicado, no era aplicable –como lo pretende el recurso– la normativa interna del Código Civil, cuyo diseño y redacción no es propio a la naturaleza de los hechos indagados en este proceso y que, como ya se adelantó, corresponden a un delito de lesa humanidad, por lo que no es posible sujetar la acción civil indemnizatoria a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna como reclama el representante del Fisco. Se trata de delitos cometidos por militares en el ejercicio de su función pública, en que éstos, durante un período de extrema anormalidad institucional representaban al gobierno de la época, y en que –al menos en el caso de autos– claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado" (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231)".
A resultas de lo explicado, no era aplicable –como lo pretende el recurso– la normativa interna del Código Civil, cuyo diseño y redacción no es propio a la naturaleza de los hechos indagados en este proceso y que, como ya se adelantó, corresponden a un delito de lesa humanidad, por lo que no es posible sujetar la acción civil indemnizatoria a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna como reclama el representante del Fisco. Se trata de delitos cometidos por militares en el ejercicio de su función pública, en que éstos, durante un período de extrema anormalidad institucional representaban al gobierno de la época, y en que –al menos en el caso de autos– claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado" (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas, página 231)".
Carlos Figueroa de Chile mejor sin TPP: “La Nueva Mayoría gobierna igual que la derecha”
Yasna Mussa |Miércoles 28 de septiembre 2016 17:24 hrs.
El
vocero de la plataforma Chile Mejor Sin TPP, Carlos Figueroa, analiza
los detalles y la letra chica de este acuerdo que incluye a 12 países y
que ha sido desarrollado en secreto, sin consulta a la ciudadanía o al
Parlamento.
Entre los 12 países que firmaron el acuerdo en Nueva Zelanda en febrero pasado se encuentran México, Perú, Canadá, Australia, Vietnam, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Japón, Estados Unidos y, por supuesto, Chile. Se espera que el tratado ingrese al Congreso en octubre o noviembre de este año, algo que ha sido puesto en duda por parlamentarios nacionales frente a las últimas declaraciones de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump.
¿Cuál es la relación histórica de Chile con los TLC?
Creo que el punto de partida del TTP es hablar en general de la política exterior de Chile y explicar de qué se trata este acuerdo internacional y por qué es distinto a otros que ya hemos firmado.
Chile es un país que tiene 24 tratados de libre comercio (TLC) firmados con 63 países. Somos el país que más TLC ha firmado en todo el mundo. Eso nos coloca en una posición de ser vanguardia en la liberalización del comercio, pero dentro en una cultura que ha sido muy poco reflexiva en torno a las implicancias que ha tenido la apertura comercial, tanto a nivel de los sectores comerciales, en general, hasta la falta de posibilidades de producción de una industria o tecnología avanzada, porque esta apertura lleva a incentivar cada vez menos un rol fuerte del Estado en la economía.
A su vez, entrega la mayoría libertad posible para exportar e importar productos, lo que tiene un lado positivo también, pero el problema es que esta apertura al comercio no ha tenido una reflexión a los impactos negativos que han tenidos los TLC, localmente, y el TPP se inserta en esta cadena histórica.
Desde mediados de la década del 2000, en las rondas de la Organización Mundial del Comercio, Estados Unidos trató de meter nuevos temas para que se empezase a legislar aun cuando no tienen que ver con el comercio, pero que pueden meterse como tras bambalinas para poder discutirlos en esta organización mundial que congrega a 164 países y donde se deciden cosas de comercio mundial.
¿Cuáles serán las principales áreas afectadas si entra en vigencia el TPP?
Tienen que ver con la propiedad intelectual y otras reglas con limitaciones a la empresa del Estado o que involucran servicios que no estaban considerados en la Organización Mundial del Comercio.
Estados Unidos lo que decide hacer es pensar que si frente a estos 164 países no puede hacer nada, entonces armará sus propios mega acuerdos internacionales con sus propias leyes y dentro de ellos se encuentran sus tres hijos preferidos, que son como sus caballitos de batalla: el TISA, el TTIP y el TPP.
Estos tres mega acuerdos comerciales tienen como finalidad una apertura comercial de los países que están involucrados para tratar de meter estas reglas y al mismo tiempo generar una estrategia para lidiar con la emergencia de China como un actor de comercio y un competidor que llega a ser una amenaza muy fuerte para EE.UU. El TPP tiene este fin geopolítico global, tiene un foco muy específico en el área Asia-Pacífico. Eso involucra a Chile, Perú, México, Canadá, EE.UU y otros países de Asia como Japón y Vietnam. Por supuesto, China no está, porque viene a ser país contrincante en este acuerdo.
China es un socio estratégico de Chile…
Claro, por eso es preocupante para Chile en dos sentidos: En un sentido general, porque no hay una reflexión sobre las implicancias, pues China es el principal socio comercial de Chile, es el país con el que más exportamos e importamos desde hace nos hace 6 años. Pese a eso, nos involucramos en una estrategia que pretende desplazar a China del comercio mundial. Entonces, irreflexivamente estamos entrando en un tratado que a nosotros no nos conviene o al menos es cuestionable que nos convenga.
Y el segundo punto relevante, desde un punto de vista local, es la implicancia que tiene para Chile firmar un acuerdo de esta envergadura. Las negociaciones comenzaron el 2008, durante el primer gobierno de Bachelet, y hasta el 2014 todo el proceso se llevó a cabo en secreto, a espaldas del Parlamento, de la sociedad civil, de la sociedad chilena en general.
Carlos Figueroa, vocero Chile Mejor sin TPP
La máquina del Ministerio de Relaciones Exteriores funciona para firmar y re firmar acuerdos internacionales. Cualquier cosa que llegue y sea de libre comercio, Chile lo firme.
Chile hoy está negociando en secreto el TISA, un acuerdo con Uruguay, un acuerdo con la Unión Europea y otros países. Llegan los acuerdos, se los proponen y el ministerio se pone a andar como si fuese una maquinita que funciona para bien y no necesita arreglar nada. Entonces, más que un impulsor es la lógica instalada por la Concertación de pensar que este modelo es perfecto o perfectible, pero está en la lógica de lo que aceptable y habría cierto consenso. Entonces terminan los procesos de negociación en secreto.
¿Cuáles son las principales razones por las que como plataforma se oponen a este acuerdo?
En primer lugar por el contexto de desconfianza política que existe hoy en Chile, donde los partidos políticos tiene una credibilidad de un 3 por ciento, el Parlamento 12 por ciento y la clase política en general tiene una aprobación muy baja. Tiene que ver con un problema mucho más profundo de que sea la Nueva Mayoría la que está en el gobierno. En ese contexto hacer una negociación durante 7 años de espaldas a la ciudadanía y después venir a proclamar que esto es la panacea. Es absurdo, desde todo punto de vista. Es antidemocrático y en el contexto actual no es aceptable.
Pero además del componente antidemocrático ¿cómo afectará en la práctica a la microeconomía o al ciudadano de a pie?
El TPP trata de proteger las inversiones de las empresas extranjeras en Chile y homologar los derechos con los de las empresas chilena y del Estado, visto como una empresa. Se asumen varios riesgos que hoy vienen a ser parte del TPP.
En el balance que hicimos detectamos tres puntos que van a perjudicar directamente a la población. Por ejemplo, en el tema de la salud, protege directamente a las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque el TPP lo que hace es otorgarle más años de protección a los datos de los medicamentos biológicos y biotecnológicos para las empresas farmacéuticas que generen nuevos productos para el mercado. Cada vez que una farmacéutica genera un medicamento, tiene que pasar por un proceso de verificación y si son aprobados y certificados, el Estado chileno le da cinco años de monopolio para que puedan usufructuar de ese remedio y de los ingresos, lo que va a generar que la gente lo compre con el argumento que deben recuperar la inversión. Hoy está comprobado que 5 años ya es demasiado, porque son ganancias millonarias. Estamos hablando de monopolio y eso hace que los precios suban. Lo que hace el TPP es avanzar a 8 años, lo que implicaría medicamentos que están en la Ley Ricarte Soto y otros que van a curar las enfermedades más graves como el cáncer.
En Estados Unidos esto ha generado manifestaciones gigantescas y hemos visto a las personas de agrupaciones de enfermos de cáncer ir a encadenarse al Congreso.
¿El Ministerio de Salud ha tomado medidas o se ha pronunciado?
El ministerio hizo un informe en el que dijo que cada año extra que vamos a avanzar tendrá un costo para el Estado de 770 millones de dólares, y va a significar para la población un impedimento para que puedan acceder a medicamentos más baratos.
Monopolio significa que los medicamentos genéricos no se pueden producir, entonces obviamente eso nos afecta directamente a todos nosotros.
Pero además este tratado también es cuestionable en materia de Derechos Humanos…
Claro, no hubo, por ejemplo, una consulta a los pueblos indígenas, pese a los tratados internacionales que nosotros hemos firmado la práctica del Estado chileno es generar leyes que no hacen ninguna consulta a los pueblos indígenas, toda vez que haya una afectación directa. Esa es una de las principales quejas que hicieron los relatos de Naciones Unidas, que escribieron una carta de cerca de 20 páginas y una de las mayores preocupaciones es que el estado de Chile esté firmando el TPP sin tener de por medio una evaluación en el impacto en los pueblos indígenas.
Además, superpone el derecho de las empresas por sobre el derecho sociales o humanos, tanto en el proceso de negociación como en la afectación directa que puede tener el acuerdo. La salud es uno de ellos, también en términos de derechos digitales o del medio ambiente.
Al tratar de proteger las inversiones de las grandes corporaciones internacionales por sobre cualquier otra cosa genera que Chile tenga muchas dificultades para poder cambiar en un futuro las leyes que afecten a estas empresas.
¿La jurisdicción chilena no será suficiente?
El TPP genera dos tipos de paneles internacionales: Un panel internacional que soluciona las controversias entre los Estados y otro que hace referencia a una corte internacional de solución de conflicto que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El día de mañana si generamos una ley que afecta las inversiones de las empresas extranjeras en Chile, estas empresas podrán demandar al Estado chileno, pero no en las cortes regulares, sino en estas instancias internacionales que son favorables a las empresas trasnacionales.
La doble implicancia que tiene esto es que cada vez que el Parlamento quiera empezar a discutir una ley va a pensarla dos veces antes para que las empresas internacionales no nos demanden y segundo, en términos de medio ambiente de las pensiones, en la minería o cualquier área.
Hay una carta firmada por 220 abogados de las mejores universidades de Estados Unidos reclamando porque estas nuevas cortes internacionales lo que hacen es evadir la justicia local, para ir a buscar una justicia internacional que les favorece y, al mismo tiempo, establecen una presión para que los parlamentarios legislen de una cierta manera, atentando a la soberanía de los países.
Este lunes fue el debate, estamos muy próximos a las elecciones, y ninguno de los candidatos están seguros de ratificarlo. ¿Qué pasa en Chile? Además los parlamentarios saben de qué se trata y se enteran por la prensa.
Aunque Estados Unidos es el principal promotor del TPP, los actuales candidatos a la presidencia han dado un paso atrás
El dilema de EE.UU. hoy es de qué manera siguen siendo potencia mundial. Si lo hacen a la manera aperturista de abrirse a todos los países y al comercio e instalar la democracia liberal o recuperar un liderazgo por medio del enclaustramiento en relación a los otros países pero haciendo un rol.
Trump decía: “Nosotros queremos cobrarle a los países que hemos ayudado económicamente. No vamos ayudarle gratuitamente, vamos a generar un liderazgo”. Pero eso se opone al TPP porque quiere recuperar una política comercial de EEUU donde lo primero que se proteja sea a los estadounidenses y eso implica hacer una reflexión profunda sobre las implicancias que han tenido los acuerdo internacionales en la pérdida de trabajo, en la pérdida de protección para las empresas nacionales, etcétera. Por su parte, Hillary Clinton se opone al TPP porque Bernie Sanders logró poner el TPP como una bandera de lucha de los sindicatos y de todos aquellos que se podrían ver perjudicados desde el punto de vista más interno. Con eso logró que el centro demócrata se corriera más a la izquierda y Clinton, que era una de las principales impulsoras de este tratado, tuviera que decir que no.
¿Crees que en Chile será parte del debate presidencial?
Ya se está convirtiendo en un tema de debate presidencial. Alejandro Guiller dijo que el TPP que en su programa no va. Francisco Chahuán dijo que tampoco. Sin duda, va a tocar que los otros candidatos presidenciales se pronuncien.
Tiene que ser parte del debate presidencial. Hoy para el Parlamento es complejo porque la Nueva Mayoría no está convencida de aprobar este acuerdo.
¿Cuánta responsabilidad le podemos asignar al gobierno de Michelle Bachelet cuando la socialdemocracia y la derecha estadounidense están diciendo no al TPP?
En términos de política exterior la Nueva Mayoría gobierna como la derecha. No hay ninguna diferencia en la política exterior comercial entre el gobierno de Bachelet y el de Sebastián Piñera. El Partido Socialista no tiene la visión hoy de cómo establecer una política comercial exterior que no sea firmar tratados de libre comercio. Y se les olvidó poder generar un debate al respecto.
Todos los acuerdos de libre comercio van aportando algo en esta consolidación del Estado ausente en la economía, incluso un rol de la sociedad en la economía. Quienes más tienen posibilidad de direcciones hoy la política económica son las grandes empresas, son las 5 familias de Chile, que hoy pueden decir paramos la inversión y todos piensan que se va acabar el mundo.
Organizaciones exigen que se declare “sitio de memoria” Aeródromo de Tobalaba, símbolo de exterminio de la dictadura
Organizaciones de Derechos Humanos se manifiestan y exigen que el Aeródromo de Tobalaba, sea declarado Sitio de Memoria. Para no olvidar que hace 43 años un helicóptero Puma despega de ese lugar para dar inicio al máximo exterminio de la dictadura: La caravana de la muerte.Por eldesconcierto.cl@eldesconcier
Foto: Luis García Oteiza
La Caravana de la muerte tuvo una actuación breve pero efectiva: casi un centenar de prisioneros políticos, muchos de los cuales ya habían sido condenados, fueron ejecutados en Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Cauquenes.
La Caravana de la Muerte es la comitiva
militar que partió el 30 de septiembre de 1973, luego del Golpe de
Estado,recorriendo el sur y norte de Chile en un viaje de exterminio que
cobró 96 víctimas. La misión fue ordenada por Augusto Pinochet y quedo a
cargo de Sergio Arellano Stark, uno de los más importantes militares
conspiradores del Golpe de Estado.
Linares 4 víctimas, Valdivia 12, Cauquenes 4, Curicó 2, La Serena 15,
Copiapó 16, Antofagasta 14, Calama 26 y Arica 3. Foto Exhumación Copiapó
30 de septiembre. Partida de la Caravana de la Muerte.
El 30 de septiembre de 1973 desde
el Aeródromo de Tobalaba, ubicado al oriente de Santiago, ciudad capital de
Chile, partió en la mañana, la Caravana de la Muerte, comitiva militar que
recorrió el sur y norte del país en un viaje de exterminio, cobró 96 víctimas.
La misión fue ordenada por Augusto Pinochet y quedo a cargo de Sergio Arellano
Stark, uno de los más importantes militares conspiradores del Golpe de Estado.
Linares 4 víctimas, Valdivia 12, Cauquenes 4, Curicó 2, La Serena 15, Copiapó
16, Antofagasta 14, Calama 26 y Arica 3.
El 30 de septiembre se registra
la visita al regimiento de Talca. El Comandante Efraín Jaña declaró que
Arellano lo saludó fríamente – Se limitó, en forma tajante, a preguntarme por
el número de bajas registradas en mi jurisdicción, a lo que contesté que todo
estaba en calma en Talca, en completa normalidad – Entonces Arellano le dio un
discurso sobre la guerra y el Plan Zeta y luego lo relevó de sus funciones
militares y de la Intendencia, ordenó su arresto, lo sometió a un Consejo de
Guerra presidido por el propio Arellano y lo condenó a presidio por no aplicar
mano dura. El Comandante Efraín Jaña fue destituido, torturado; permaneció
preso por cinco años y partió al exilio en Holanda. Él es uno de los primeros
altos mandos que se negó a reprimir y asesinar a partidarios del Presidente
Salvador Allende.
El 30 de septiembre Sergio Arellano
Stark también visitó Curicó, donde ordenó el traslado de dos prisioneros a
Santiago: Warner Salinas y Francisco Lara. Fueron llevados al Regimiento Tacna
de Santiago y Arellano volvió a Santiago el día 4 de octubre y al día
siguiente, 5 de octubre los dos cuerpos fueron hallados en San Bernardo,
acribillados. Este caso no fue detectado en la primera parte del proceso
judicial o periodo del Juez Juan Guzmán, pero en el periodo del Juez Victor
Montiglio, su reemplazante, se hallaron las pruebas y se logró el desafuero de
Pinochet, sometiéndolo a proceso en la Causa Caravana de la Muerte. Lo mismo se
hizo con el general Arellano al respecto. Acusación: Autores de dos secuestros
y homicidios calificados.
INTEGRANTES DE LA COMITIVA
Arellano dio órdenes de preparar
la logística de la operación al teniente Juan Viterbo Chiminelli Fullerton.
El grupo de oficiales de Ejército
que finalmente realizaron el viaje incluía a los siguientes miembros (en orden
de jerarquía militar):
• General de brigada Sergio
Arellano Stark, jefe del grupo, delegado de Augusto Pinochet Ugarte.
• Teniente coronel Sergio
Arredondo González (más tarde director de la Escuela de Infantería).
• Mayor Pedro Espinoza Bravo, un
oficial de Inteligencia del Ejército (más tarde jefe de operaciones de la
policía secreta DINA e involucrado en el asesinato de Orlando Letelier y
culpado como autor del asesinato del periodista norteamericano Charles Horman,
testigo de la participación norteamericana en el golpe).
• Mayor Carlos López Tapia,
segundo jefe de la misión del helicóptero Puma en sus cometidos de Linares y
Cauquenes, por lo que ha sido acusado de participar en la muerte de cuatro
disidentes.
• Capitán Marcelo Moren Brito
(después comandante del campo de torturas Villa Grimaldi).
• Capitán Antonio Palomo
Contreras, piloto del helicóptero Puma en su viaje al sur.
• Capitán Emilio Robert de la
Mahotiere González, copiloto del helicóptero yendo al sur, piloto en viaje al
norte.
• Capitán Luis Felipe Polanco Gallardo,
copiloto del anterior en el viaje al norte.
• Teniente Juan Viterbo
Chiminelli Fullerton, coordinación y logística en la misión.
• Teniente Armando Fernández
Larios, guardaespaldas de Arellano y perpetrador directo de asesinatos (más
tarde, agente de la DINA e involucrado en el asesinato de Orlando Letelier).
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