sábado, 2 de septiembre de 2017

Chile: Chile en regresión: más desiguales y pobres por Paul Walder // Nieto de Allende: ¿Con qué moral se atreven a condenar un Proceso Constituyente en Venezuela? // Radiografía de los principales conflictos socioambientales de Chile // Alta adhesión a Paro Nacional de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero // El zumbido de la histórica marcha de apicultores // Uruguay: Funcionarios de empresas públicas de todo el país paran 24 horas el 7 de setiembre // Ayer se celebró el día Internacional del Detenido Desaparecido // Hoy asume nueva dirección de la Institución de DD.HH.

CHILE

Chile en regresión: más desiguales y pobres

Publicado el 20 Agosto 2017 Escrito por Paul Walder - EL CLARÌN DE CHILE

El malogrado ex presidente Ricardo Lagos hizo declaraciones que concitaron otra vez aplausos en el sector empresarial y financiero. En un seminario organizado por la administradora de inversiones Moneda Asset y ante una audiencia conformada por el pequeño pero poderoso mundillo de las finanzas y las basas locales del capital global, Lagos lanzó una frase para el bronce: “Desde el punto de vista económico, en el caso de Chile la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música”.
A partir de esa declaración de principios, vino su propuesta, nada nueva por cierto, de retomar las inversiones en infraestructuras. No públicas, claro, sino vía concesiones.
Bastaron éstas y algunas otras frases para que numerosos intérpretes y voceros del núcleo duro del sector privado, como el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, brindaran elogios a las propuestas de Lagos.
Lagos llegó a la Presidencia de Chile junto con el inicio del siglo XXI. Lo hizo bajo una premisa de campaña: impulsar el crecimiento con equidad. Tras la década administrada por dos gobiernos democratacristianos que privilegiaron el crecimiento y la inversión sin filtros, selección ni discriminación, Lagos acuñaba aquel hábil eslogan: regresaba tras varias décadas a La Moneda el primer presidente socialista después de Salvador Allende.
Es durante el gobierno de Lagos que el Banco Mundial mide y difunde las primeras escandalosas cifras de la desigualdad en Chile, que colocan a su sociedad como la más inequitativa de la región y una de las peores del planeta. Es un registro alcanzado durante los tres primeros gobiernos de la transición a la democracia, una marca que se ha convertido en parte esencial de la institucionalidad, en un rasgo de la identidad de Chile.
Hoy, con 27 años de capitalismo a ultranza y unas instituciones lábiles creadas a la medida de las grandes corporaciones, las cifras de la distribución de la riqueza no sólo se han mantenido, sino que logran nuevas marcas. Chile es el país de la OCDE con los peores niveles de equidad, sólo superado por el estado fallido que es México tras décadas de políticas neoliberales y corrupción desatada.
UN PIB ENGAÑOSO
Chile ha logrado multiplicar su Producto Interno Bruto (PIB) desde 1990 a la fecha. Si entonces su producto sumaba escasos 33 mil millones dólares anuales, en 2013 marcó casi 280 mil millones. Un crecimiento acumulado del 748 por ciento que puso a la economía chilena entre los más atractivos indicadores para inversionistas durante varias décadas y lanzó al estrellato regional a no pocos grupos económicos criollos.
En los salones que frecuenta Lagos hablar de economía es hablar de macroeconomía y de grandes consorcios. Los cerca de 280 mil millones de dólares alcanzados por el PIB en 2013 equivalen a un producto per cápita de más de 23 mil dólares anuales, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Un ingreso individual que significa teóricamente que cada chileno o chilena debería recibir cada mes casi dos mil dólares (o 1,2 millones de pesos). Este es el resultado del crecimiento económico ininterrumpido durante varias décadas.
Pero la torta, como sabemos, está repartida de otro modo. El último informe de la OCDE sobre distribución del ingreso en los países miembros, ubica a Chile en el peor lugar según el coeficiente Gini. Con 0,45 (uno es inequidad total), Chile comparte el ominoso lugar con México. Se trata de dos economías entregadas al libre albedrío de las grandes corporaciones. Para comparar se puede citar a Alemania, con un índice Gini de 0,28, Austria 0,27, Portugal 0,33, España 0,34, Francia 0,29. Entre economías no europeas de la OCDE, Estados Unidos tiene un Gini de 0,39 y Japón 0,33, Israel 0,36 y Corea del Sur 0,30.
El principal ingreso de los chilenos es fruto de la venta de su fuerza laboral. Un estudio de la Fundación Sol concluye que en promedio, los chilenos perciben 461.951 pesos líquidos al mes por concepto de ingresos asociados a su ocupación principal. “Sin embargo -advierte el estudio-, al inspeccionar la mediana, esto es, el umbral máximo alcanzado por la mitad de los trabajadores, los datos de la Casen 2015 la ubican en sólo 300 mil pesos líquidos mensuales. Dicho de otro modo, la mitad de los trabajadores percibe menos de 300 mil pesos líquidos”.
Una diferencia abismal respecto a la engañosa cifra del PIB. Al segregar estos datos, nos acercamos aún más a la realidad salarial: el 53,2 por ciento de los trabajadores gana menos de 300 mil pesos; el 77,9 por ciento menos de 500 mil y sólo el 13,6 por ciento obtiene más de 700 mil pesos líquidos al mes.
DESIGUALDAD ESCABROSA
Las cifras aportadas por la Fundación Sol reflejan el enorme grado de desigualdad en los ingresos en nuestro país. Un fenómeno anormal e impropio expresado en los estudios de la OCDE. Entre los trabajadores asalariados del sector privado el 70 por ciento gana menos de 445 mil pesos y en el mundo de las grandes empresas (aquellas que tienen 200 o más trabajadores), sólo el 30 por ciento gana más de 556 mil. “Vale decir, a pesar de las variaciones según categoría y tamaño de empresa, el problema de los bajos salarios en Chile es una realidad transversal”, señala la Fundación Sol.
Al hablar de salarios relativamente mejores, sólo el 7% tiene ingresos superiores a un millón de pesos (aproximadamente 1.500 dólares). Es en este segmento en el que se vuelve a reproducir y amplificar la brutal desigualdad. Sólo el uno por ciento de los trabajadores (gerentes, directores de empresas, altos funcionarios públicos y empresarios) tiene sueldos superiores a tres millones de pesos, que pueden alcanzar hasta los 30 millones de pesos mensuales.
Otro informe de este mismo centro de estudios publicado en julio pasado derriba otro mito de las políticas neoliberales: la sostenida reducción de la pobreza a partir de 1990 desde los primeros gobiernos de la Concertación. La encuesta Casen de 2015 registró que sólo el 11,7 por ciento de la población ( poco más de dos millones de personas) vive bajo la línea de la pobreza, cifra que es la menor en Latinoamérica. Este indicador se ha levantado como un talismán por los oficiantes del modelo de libre mercado. No obstante, bajo una nueva metodología -cuya complejidad excede los límites de esta crónica-, los estudiosos de la Fundación Sol han llegan a la conclusión que la encuesta Casen tiene ciertos sesgos que la distorsionan a favor de la institucionalidad económica. Con la nueva medición se concluye que “la pobreza ascendería a 26,9 por ciento. Vale decir, si sólo se miden los resultados que produce el mercado y el ingreso disponible que tienen las familias, prácticamente tres de cada diez chilenos y chilenas no cuenta con los ingresos autónomos para superar la línea de la pobreza respectiva”.
SIETE MILLONES DE POBRES
Según el tipo de medición utilizado, las personas en situación de pobreza en Chile pueden fluctuar entre algo más de dos millones, según la estadística oficial, y 4,7 millones según la metodología de la Fundación Sol, que agrega: “Ahora bien, si se trabaja con líneas de pobreza más exigentes, las personas en situación de pobreza pueden fácilmente superar los siete millones (esto es un 41,6 por ciento de pobreza)”. Si se toman en cuenta los escuálidos salarios, es posible establecer una relación directa entre ingresos y pobreza.
Sobre esta realidad de precariedad, pobreza y desigualdad, opera otra: la extrema concentración de la riqueza. Un proceso en marcha que no da tregua. En coincidencia con las cifras antes anotadas sobre ingresos y pobreza, las Isapres (seguros de salud privados) registraron ganancias impúdicas para una economía aletargada y un creciente desempleo. En junio estas corporaciones de capitales locales y globales amasaron utilidades por más de 66 millones de dólares, con un alza del 101% respecto al mismo mes del año pasado.
Algo similar sucede en la banca. Al primer semestre del año, los bancos que operan en el país aumentaron sus ganancias en 16% respecto al mismo periodo del año pasado, acumulando un total de 1.870 millones de dólares. Este escenario de inequidad y concentración extrema de la riqueza ha pivotado un creciente malestar social con fuertes implicaciones en la estabilidad política. Es un factor que destroza los consensos de las elites en torno a la institucionalidad neoliberal y desarma el acotado espacio de las grandes coaliciones políticas. Chile se mueve ahora en la incertidumbre, fenómeno internalizado por inversionistas, fondos y agencias evaluadoras de riesgos.
Esas agencias internacionales vienen rebajando de forma sostenida las categorías de riesgo soberano de la economía chilena. Tal como hiciera hace unos meses S&P Global Ratings, ahora Fitch también rebajó el ratingde Chile por “bajo crecimiento y mayor deuda”. Una argumentación que tiene, por cierto, un trasfondo político. Esta y otras agencias se hacen cargo para sus calificaciones del escenario sociopolítico. La incertidumbre y las presiones sociales no están ausentes en sus informes. Fitch apuntó que las tensiones en la coalición de gobierno “podrían representar un escenario nuevo y potencialmente más desafiante para la legislación”.
Lo que tenemos, en síntesis, es un nuevo escenario: bajo crecimiento y desempleo en alza, incertidumbre política y un movimiento social en reestructuración y francamente indignado. Los datos salariales, de inequidad y pobreza son el combustible de esta realidad. Estamos en vísperas de la chispa que puede hacer arder la pradera.
PAUL WALDER
Publicado en“Punto Final”, edición Nº 882, 18 de agosto 2017.


Diario y Radio Uchile

Pablo Sepúlveda Allende

Nieto de Allende: ¿Con qué moral se atreven a condenar un Proceso Constituyente en Venezuela?

Pablo Sepúlveda Allende | Jueves 24 de agosto 2017 15:17 hrs.
Caracas, 23 de agosto del 2017
 Vergonzosa es la declaración de Senado chileno donde condenan la supuesta ruptura del orden constitucional en Venezuela.
 Ese mismo Senado se erige sobre la antidemocrática e ilegítima Constitución chilena, la cual fue impuesta bajo el terrorismo de Estado de la dictadura pinochetista.
 ¿Con que moral y ética se atreven a condenar un Proceso Constituyente cuya iniciativa y alcance de poderes está claramente previsto en la los Artículos: 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*?
 Cabe recordar que en la Carta Magna de la República de Chile no está prevista posibilidad alguna de convocar al Poder Constituyente para redactar una nueva Constitución, no está previsto el Poder Originario del Pueblo. Dicha Constitución está hecha perfectamente a la medida para proteger la gran propiedad privada de unos pocos. Los derechos sociales están pavorosamente desprotegidos y todos son mercantilizables. Los espacios de participación democrática son mínimos y meramente formales; entonces ¿con que autoridad moral llaman dictadura a Venezuela?
 Aquí, en los últimos 18 años han habido 21 elecciones, todas elecciones limpias en las cuales la oposición ha ganado importantes espacios. En esta última elección, la oposición no quiso participar pues tenían todo apostado a la agenda insurreccional y violenta de las guarimbas en su afán de derrocar al Gobierno. Aun así, en las elecciones del 30 de julio para elegir la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), participó el 42% del padrón electoral. Se alcanzaron más de 8 millones de votos lo cual otorga absoluta legitimidad a la ANC.
 Tanto ha sido el impacto positivo que a partir del día siguiente a la elección, como por arte de magia, se terminaron las violentas manifestaciones callejeras que llevaban más de 3 meses con más de 120 fallecidos. A los pocos días los partidos políticos opositores abandonan el llamado a la calle y comenzaron a inscribir sus candidaturas a las elecciones de Gobernadores.
 Por todo esto, desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente y lo claramente previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es, ante todo, una insolencia y una injerencia, más cuando viene de quienes defienden y conviven con una Constitución profundamente antidemocrática, manchada en sangre y de origen claramente ilegitimo. Simplemente no tienen autoridad moral.
 ¿Por qué esa obsesión por atacar a Venezuela? ¿Por qué no sacan comunicados alertando del peligro mundial que representa el psicópata de Donald Trump? ¿Por qué el silencio sobre las fosas comunes de Colombia y México? ¿Por qué no critican el asesinato sistemático de dirigentes sociales y de periodistas es esos países hermanos? ¿Por qué nunca criticaron al reconocido narcoparamilitar, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe? Demasiadas y contundentes son las pruebas que hay para acusarlo de narcotraficante y genocida. ¿Por qué nunca se pronunciaron?
 La lista sería demasiado larga al nombrar tantas otras situaciones mucho más extremas que la actual difícil situación económica y social que vive Venezuela; pero no, Venezuela es un ejemplo peligroso de democracia revolucionaria, ejemplo peligroso de lo que es el Poder Constituyente al cual temen todas las oligarquías y los políticos a quienes financian.
 ¿Les suena SOQUIMICH, el Odebrecht chileno? Es la empresa pública enajenada por Pinochet que actualmente les financia sus partidos políticos y sus campañas. Creo que les resulta políticamente más rentable tapar toda esa mugre hablando de la crisis venezolana.
 Resulta altamente sospechoso y vergonzoso que entre las y los senadores firmantes del comunicado estén desde los sectores más reaccionarios y pinochetistas hasta la pseudo centro izquierda. No es de extrañar que la derecha lo haga, nunca han tenido moral ni principios a la hora de defender sus privilegios y los de sus pares en otras latitudes. Lo doloroso que es este tipo de declaraciones la suscriban sectores que dicen creer en el socialismo, pero que en la práctica política gustosamente han gobernado durante casi 30 años el País consolidando en los hechos el perverso e injusto modelo neoliberal heredado de Pinochet.
 Por último, hay que precisar cosas y despejar mentiras:
 No existe una violación sistemática de los Derechos Humanos en Venezuela; los casos puntuales en que hubo, durante el control y dispersión de manifestaciones altamente violentas, un uso excesivo de la fuerza y atropellos, están siendo investigados. Hay varios funcionarios policiales detenidos y los hechos siendo investigados. En cada caso de atropello ha habido una condena pública por parte de las autoridades nacionales.
  La declaración del Senado habla de parar la persecución a miembros de la Asamblea Nacional electos democráticamente. Inmunidad no es lo mismo que impunidad. Varios diputados hicieron llamados públicos a la ingobernabilidad y la sedición contra un gobierno elegido democráticamente. Varios de esos diputados (están los videos) salían públicamente comandando y saludando a encapuchados que luego causaban innumerables destrozos en la vía pública, encapuchados altamente violentos que llegaron a quemar vivos a seres humanos. Varios diputados incitaron abiertamente al odio, llamaron y conspiraron para una sedición insurreccional, golpista y/o intervencionista. Esos hechos no deben quedar impunes, y los responsables políticos deben ser juzgados.
 A modo de reflexión final:
 La experiencia del Gobierno Popular de Salvador Allende nos indica que si no actuamos con firmeza y determinación frente a la sedición y conspiración terminaran por derrocarnos y luego vendrá el terrorismo de Estado para someter al Pueblo y para descabezar su dirigencia política y social.
 Dr. Pablo Sepúlveda Allende
 * Notas:
 Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
          Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional,            mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los                  electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral.
          Artículo 349. El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea           Nacional Constituyente.
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En la fotografía: Pablo Sepúlveda Allende.

Funcionarios de empresas públicas de todo el país paran 24 horas el 7 de setiembre

La Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) realizará un paro nacional de actividades de 24 horas el próximo jueves 7 de setiembre, con dos actos centrales en Montevideo y otro en Paysandú. La plataforma reivindicativa incluye: “La defensa de las empresas públicas, por mayor inversión pública e ingreso de personal y contra las privatizaciones, la esencialidad y tercerizaciones”.

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En el marco de un conflicto con el gobierno, los sindicatos que integran la Mesa Sindical Coordinadora de Entes instalaron días pasados una carpa en la explanada de la Intendencia de Montevideo.
Luego de ello, la MSCE resolvió realizar un paro nacional de 24 horas el próximo 7 de setiembre.
La paralización de los trabajadores de las empresas públicas será en todo el país, de todos modos el paro en el interior será de 0 a 24 horas y en Montevideo de 10 de la mañana del día 7 hasta las 10 horas del jueves 8.
A ello se suman dos actos en la capital, uno frente al Ministerio de Trabajo en el cual se hará mención a la negociación colectiva, y otro frente a la Torre Ejecutiva en el que se abordará la defensa de las empresas públicas.
Asimismo, se realizará un acto en el departamento de Paysandú.
El paro nacional de 24 horas con movilización que desarrollará la MSCE, pondrá énfasis en: “La defensa de las empresas públicas, contra todo intento de privatización, por inversión pública, contra la esencialidad y las distintas formas de aplicación que ha implementado el Poder Ejecutivo, por ingreso de personal y contra las tercerizaciones”.

Privatizaciones encubiertas

El dirigente y delegado de Federación de Funcionarios de OSE (FOSSE) en el PIT-CNT, Ismael Cortazzo, dijo a LARED21 que rechazan las “privatizaciones encubiertas”, ya que por la vía de los instructivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) “las empresas públicas no mantienen el ritmo de inversiones”.
Otro de los ejemplos que manejó el dirigente sindical se refiere a la “precarización del trabajo, ya que no se pueden realizar contrataciones”, y la no reglamentación de la Ley Postal lo cual deriva en que el Correo tenga que competir con 90 prestadores privados”.
Cortazzo también dijo que existe una puja para que el Muelle C del puerto de Montevideo pase al “sector privado”, y mencionó el “desmantelamiento de AFE”.
Por su parte, el coordinador de la MSCE e integrante del Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), Guillermo Reherman, manifestó al Portal del PIT-CNT su preocupación por la “baja calidad de la negociación colectiva”.
“No sostenemos que no exista, pero sí afirmamos que ha bajado mucho la calidad de la negociación colectiva”, sentenció el dirigente sindical.
“Estas reivindicaciones nos van a acompañar hasta el final de este gobierno, porque son temas que nos implican en función de nuestra condición de trabajadores”, dijo Reherman.


PIT-CNT califica despido de trabajadora de ALUR como “hecho aberrante”

El PIT-CNT rechazó el despido de una trabajadora de ALUR por considerar que “constituye un acto discriminatorio contra la trabajadora, ya que el mismo se realizó inmediatamente después a su reintegro por licencia maternal prevista en la regulación internacional y la normativa laboral de Uruguay”.

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El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió este miércoles 30 de agosto una declaración a través de la cual rechaza el despido de la trabajadora de ALUR, Luiggina D’Agosto, realizado en el período de amparo dispuesto por la normativa nacional e internacional.
La central sindical catalogó el despido como “un hecho aberrante” exigió la inmediata restitución de la trabajadora.

Declaración

A continuación el texto íntegro de la declaración:
“Montevideo, martes 29 de agosto de 2017.
Ante el despido efectuado por parte de la empresa ALUR a la trabajadora Luiggina D’Agosto, realizado en el período de amparo dispuesto por la normativa nacional e internacional, previsto para proteger la estabilidad postparto de las trabajadoras, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, ante la falta de voluntad de negociación por parte de la empresa ALUR, declara:
1-      Que echar a una trabajadora embarazada o en período de lactancia es un hecho aberrante desde el punto de vista humano. Que no toma en absoluto en cuenta las vulnerabilidades de una mujer en ese período, ni las consecuencias que sobre la madre y el niño puede tener.
2-       No solamente implica la violación de las normas protectoras de la maternidad (Ley 11.577), respecto de la cual el movimiento sindical siempre ha defendido, sino que además vulnera el principio de igualdad de género, configurando una clara discriminación.
3-       Su contundente rechazo ante dicho despido y la exigencia de una inmediata restitución, en tanto el despido constituye un acto discriminatorio contra la trabajadora, ya que el mismo se realiza inmediatamente después a su reintegro por la licencia maternal prevista en la regulación internacional y la normativa laboral de nuestro país.
4-      Dicho acto debilita los mecanismos establecidos por el Estado destinados a proteger la maternidad, la paternidad, la lactancia y los cuidados, desde un enfoque de derechos.
5-      Los mecanismos de reparación dispuestos por la empresa, asumiendo que el despido se realiza en un caso especialmente protegido por el derecho nacional e internacional, no hacen otra cosa que corroborar el carácter abusivo del mismo, siendo un acto inadmisible para una empresa directamente vinculada al Estado.
6-      Que la práctica del despido abusivo se asemeja a las mismas que fueron utilizadas contra los dirigentes sindicales en la década del 90 para despedir a los dirigentes sindicales, bajo la primacía de un modelo de relaciones laborales desreguladas, en absoluta contradicción con el rumbo asumido por el Estado uruguayo en la última década.
7-      Consideramos que el gobierno uruguayo debe tomar cartas en el asunto, que evite que un conjunto de políticas implementadas en materia de género y equidad, se vean desvirtuadas por decisiones de un directorio que no ha tomado en absoluto en cuenta lo que afecta a una mujer en periodo de lactancia, decisiones como las que tomo.
8-      Aspiramos a que el directorio de ALUR revise esta decisión errática y contradictoria con las políticas de género y equidad impulsadas por el gobierno y el legislador, y evite que una injusticia de este tipo se concrete.
9-      Nuestro compromiso de acompañar a la trabajadora hasta las últimas consecuencias y de seguir promoviendo las transformaciones legales y culturales, que impidan la proliferación de estas prácticas abusivas y discriminatorias en nuestro país.
Por Secretariado Ejecutivo: Fernando Pereira, presidente.



Nuevo aniversario del Día Internacional del Detenido Desaparecido

Desde la entrada a la Biblioteca Nacional, como una búsqueda del tesoro, los carteles de “¿Dónde está Santiago Maldonado?” guiaban a los asistentes escalera abajo, hacia la sala Carlos Vaz Ferreira, donde se conmemoraría el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
La fecha comenzó con un espectáculo del grupo de danza La Forestal. Con las bocas tapadas, sus integrantes bailaron una versión musicalizada del poema “Desaparecidos”, de Mario Benedetti. Luego se presentó la mesa, que fue aplaudida desde antes de comenzar: Elena Zaffaroni por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, junto a Mariana Mota y Wilder Tayler, que hoy asumirán como autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Zaffaroni comenzó con una frase categórica: “Si están acá es porque la impunidad les duele. A cada uno de nosotros nos duele”, dijo. Su intervención estuvo cargada de una responsabilización pasada, presente y futura del Estado. En su opinión, la forma de combatir la impunidad “tiene que ver con una reformulación de los privilegios de las Fuerzas Armadas”. “Hoy el Estado destina millones a la construcción de un nuevo liceo militar en Tacuarembó. ¿Por qué, habiendo necesidad de tantos liceos?”, cuestionó. También resaltó que “la reforma de la Caja Militar parece que queda en la nada”, mientras hay ex militares “prófugos de la Justicia que siguen recibiendo su jubilación”.
También Mota hizo referencia a la Justicia. Dijo que “no son delitos del pasado, porque no tienen sanción y porque están desaparecidos en el presente”. “Si no se reconocen los crímenes que sucedieron en el pasado, no se puede asegurar que no vuelvan a cometerse en el presente”, aseguró.
Tyler, por su parte, recordó los avances internacionales en el reconocimiento de la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad, pero lamentó que Uruguay haya ido “a contrapelo” de este progreso.
Julieta Núñez



En el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares, habló en República Radio, que se emite por lacatorce10, sobre las actividades y reclamos que se realizaron en esta jornada. 
El evento se desarrolló en la sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional y el análisis fue realizado por Mariana Motta y Wilder Tayler quienes son nuevos integrantes de la institución y reflexionaron sobre la desaparición forzada, la impunidad y el camino a seguir para hacer efectivo los reclamos.
Asimismo, Zaffaroni reflexionó sobre la importancia de este día: “Lamentablemente hay que tener en cuenta que es un tema del presente y no del pasado. En cierta forma ha quedado permanentemente planteado en nuestro país por la indiferencia. La desaparición forzada no ha tenido nuevas denuncias en democracia.
Sin embargo, en Argentina no ha sido así e incluso hay una campaña internacional por el caso de Santiago Maldonado. Este tema no ha quedado atrás, es un horror que sigue pasando permanentemente. De todos lados llegan informaciones de periodistas asesinados o desaparecidos. Uruguay tiene que tomar más prevenciones en este sentido porque la justicia es un pilar fundamental para combatir este flagelo de los delitos de Estado.
La desaparición forzada encierra todas las infracciones posibles porque el desaparecido fue secuestrado, torturado y asesinado. Por tanto, es visto como una amenaza latente.
Seguimos buscando a nuestros desaparecidos y solo hemos podido identificar en territorio uruguayo a 5 compañeros, mientras que en Argentina se han registrado 24 identidades más. Sin embargo, seguimos sin tener pistas porque no tenemos información aportada por las Fuerzas Armadas. En resumen, hay mucha investigación que falta por hacer”.
Recordar para no olvidar
Cabe mencionar que este día fue estipulado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos con el objetivo de establecer una fecha que recuerde a las víctimas de la dictadura.
La fecha clave fue en enero de 1981, en la cual algunas Madres y familiares de desaparecidos de América Latina se reunieron en San José de Costa Rica para encontrar a sus seres queridos y evitar otras detenciones.
Por último, en el evento también estuvo presente el historiador Gerardo Caetano, quien  disertó sobre “El derecho de no ser desaparecido”.
Asimismo, la organización Madres y Familiares procedió a la lectura de una proclama y el evento se cerró con la proyección del documental: “Todos somos hijos”, dirigido por Esteban Barja y Carlos Conti.



Día del Detenido Desaparecido: “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”

Este miércoles 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de Detenido Desaparecido. En Uruguay se realizó una charla bajo la consigna: “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”.

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La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos declaró el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido, iniciativa que pretende establecer “una fecha que recuerde a las víctimas que fueron detenidas en forma ilegal durante la dictadura”.
Tal declaración es un aporte a los esfuerzos para promover la “memoria colectiva” y efectivizar la “reparación integral de las víctimas y sus familiares”.
En Uruguay se conmemoró la fecha bajo la consigna: “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”. En dicho marco, se realizó una charla en la Sala Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional, con la participación de los integrantes de la INDDHH Mariana Mota y Wilder Tayler, y representantes de la organización  Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
El evento contó con la convocatoria de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Coordinadora de Apoyo.
Mariana Mota manifestó que se trata de un día de reflexión sobre los hechos que ocurrieron en Uruguay y por los casos que todavía no se han resuelto.
“En tanto los restos no aparecen el delito se sigue cometiendo. Eso afecta a la sociedad, la credibilidad del Estado que debe cumplir con sus obligaciones y garantizar los derechos. Por lo tanto, es presente y también afecta la credibilidad cómo funciona el Estado en el día de hoy”, dijo a Montevideo Portal.

La desaparición forzada

La desaparición forzada se practicó como una estrategia para infundir el terror, afectando no sólo a la víctima directa y sus familiares, sino también a la comunidad y al conjunto de la sociedad.
La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República ha asegurado que son 192 las personas detenidas desaparecidas en Uruguay, dentro del período comprendido entre los años 1968-1985.
En 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, fueron hallados en el Batallón de Infantería Nº13, los restos del escribano Fernando Miranda, quien había estado reportado en la lista de detenidos desaparecidos.
También en 2006, pero en una chacra de Pando, aparecieron los restos de Ubagesner Chávez Sosa.
Mientras que los restos del maestro Julio Castro y del comerciante Ricardo Blanco Valiente, fueron encontrados ambos en el Batallón 14, pero en los años 2011 y 2012 respectivamente, durante la administración de José Mujica.



Por: Marcelo Hernández
Las nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) asumirán hoy jueves 31 de agosto durante un acto que se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
Recordemos que la Inddhh es un órgano estatal autónomo independiente y separado del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, que fue creado a fines de 2008, y que tiene atribuciones y funciones adecuadas para la protección de los DD.HH. en toda su extensión, de alcance nacional, con funcionamiento permanente y sin limitaciones temáticas o sectoriales, dentro del marco constitucional.
En el acto de asunción de este Consejo Directivo, el cual estará en funciones hasta 2022, hablarán el presidente de la Asamblea General, Raúl Sendic, y la presidenta de la Inddhh, Ariela Peralta.
Además, en ese contexto, se entregará un reconocimiento a los directores salientes del instituto: Ariela Peralta Distefano, Juan Alfonso Faroppa Fontana, Mirtha Alcira Guianze Rodríguez, Juan Raúl Ferreira Sienra y Mariana González Guyer.
También, y cumpliendo con el protocolo, se realizará la firma del acta de toma de posesión del cargo por cada uno de los cinco directores de la Inddhh: Mariana Blengio Valdés, Mariana Isabel Mota Cutinella, María Josefina Plá Regules, Juan Faroppa Fontana y Wilder Tayler Souto.
Esta ceremonia culminará con palabras de la presidenta del Consejo Directivo de la Inddhh, Mariana Mota, la que ocupará dicho cargo en el primer año del periodo, según acordaron las nuevas autoridades.
Los consejeros y sus respaldos
Los nuevos integrantes de la Inddhh, que fueron electos el pasado 1º de agosto por la Asamblea General del Poder Legislativo, podían ser propuestos por legisladores o por organizaciones de la sociedad civil.
En el caso de Mariana Blengio, esta fue propuesta por los representantes nacionales Gustavo Penadés, Gloria Rodríguez y Alejo Umpiérrez.
En tanto Juan Faroppa por Idas y Vueltas, Asociación de Familiares y Amigos de Migrantes y Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre.
Mariana Mota por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre, Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT, Observatorio Luz Ibarburu, Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Soriano, Comisión pro DD.HH. de Fray Bentos, Grupo de Trabajo y Justicia de Bella Unión, Crisol, Memorias de la Costa, Mujer Ahora, Fundación Mario Benedetti y Cotidiano Mujer.
Josefina Plá por Gurises Unidos y el CLAEH.
Wilder Tayler por Ielsur, Serpaj, Cainfo y la Fundación Mario Benedetti.
Casi por unanimidad
Los cinco nuevos consejeros de la Institución fue electos el 1º de agosto de este año en la Asamblea General del Poder Legislativo y con la casi unanimidad de los 129 votos de senadores y diputados.
¿Quiénes son los integrantes del Consejo Directivo?
Juan Alfonso Faroppa Fontana nació en Montevideo en 1959. Es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales graduado en la UdelaR.
Es Profesor Asistente de la Cátedra de DD.HH. de la Facultad de Derecho de la UdelaR y docente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
Integró la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Fue subsecretario del Ministerio del Interior entre marzo de 2005 y marzo de 2007.
Ocupo varios cargos en diferentes organismos internacionales, como ser ONU, Unicef, PNUD, CIDH, OIM, Aecid, ASDI y BID.
Es autor de varias publicaciones sobre DD.HH. y sobre seguridad ciudadana.
Mariana Blengio Valdés es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Excoordinadora de la Cátedra Unesco de DD.HH. de la UdelaR. Obtuvo el título de Profesora Adscripta de DD.HH. de la Facultad de Derecho de la UdelaR.
Dicta clases de DD.HH. en la UdelaR, UDE y Escuela Nacional de Policía. Autora de numerosos aportes académicos en área de su especialidad. Es autor de varias publicaciones sobre DD.HH.
María Josefina Plá fue abogada de AEBU desde 1973 hasta su jubilación en 2003. Fundadora de Movide, asesora legal en la Obra del Padre Cacho. Activa militante y luchadora social en comunidades eclesiásticas.
Participó activamente en la promoción y defensa de los DD.HH., en la campaña por el NO en 1989, en la fundación del Serpaj junto al Padre Luis “Perico” Pérez Aguirre y su integración a la Comisión por el Voto en Blanco y la Comisión Pro Referéndum para la derogación de la Ley de Caducidad.
Mariana Mota nació en Colonia. Es abogada egresada de la UdelaR.
Se desempeñó como jueza en el Juzgado de 1ª Instancia en lo Penal de 7º Turno de la ciudad de Montevideo, donde investigaba más de 50 denuncias por violaciones a los DD.HH. vinculadas a la última dictadura militar.
En 2010 condenó al ex presidente y dictador Juan María Bordaberry por delitos de atentado contra la Constitución, desaparición forzada de personas y homicidio político.
Sendic destacó labor de la Institución
El presidente de la Asamblea General, Raúl Sendic se recibió en el Parlamento a los miembros de la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) salientes y los que asumirán en esta jornada.
En la oportunidad, el vicepresidente de la República destacó “la enorme tarea cumplida por el directorio saliente, donde gracias a la tarea realizada se dimensionó la Inddhh, pero a su vez manifestó su preocupación en poblaciones vulnerables como lo son por ejemplo aquellas con patologías psiquiátricas, la infancia y la adolescencia”.
Las autoridades electas señalaron que continuarán con el compromiso ya establecido por el directorio saliente y adelantaron como iniciativas que trabajarán en difundir la presencia del Instituto en el interior a la vez que resaltaron la necesidad de estar más presentes en zonas de máxima vulnerabilidad y generar más cultura en DD.HH. sobre todo en la población más joven.
-Cambio de mando
La presidenta saliente, Ariela Peralta y quien asumirá su cargo hoy, Mariana Mota dijeron que “tuvieron una reunión muy linda con el Presidente del Senado para cerrar una etapa con los miembros del consejo directivo que están saliendo, reflexionaron sobre el balance y los desafíos que enfrenta la Institución, los logros conseguidos y se hizo una evaluación con los nuevos consejeros de los logros de la Institución en estos cinco años e hicieron una proyección de lo que se pretende seguir avanzando y lo que son los cometidos de la Institución hacia adelante, profundizar en algunas áreas y seguir en esta línea que ha sido muy buena, evaluada por los diferentes consejeros y por el propio Presidente de la Asamblea General”.



Fiscal pide procesamiento del militar retirado Lawrie Rodríguez por el asesinato de un militante de OPR33 en la dictadura

El portal Sudestada informó ayer que la fiscal Ana María Tellechea pidió prisión para el militar Lawrie Rodríguez por el asesinato de Iván Morales Generalli, dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33), durante la dictadura. El militante vivía exiliado en Buenos Aires y fue detenido luego de visitar a su compañera, en Malvín Norte, el 21 de noviembre de 1974, por un operativo del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Luego fue trasladado a la Dirección de Inteligencia, que en aquella época funcionaba en la calle Maldonado, y después al Regimiento de Caballería Nº 6, para ser interrogado. En ese lugar falleció.
Al cuerpo de Generalli le hicieron una autopsia que constató diversas lesiones, pero el médico José Mautone indicó que la causa de muerte probable fue “un estado tóxico”. Sin embargo, el examen toxicológico dio resultado negativo “en todas las reacciones que se efectuaron para identificar a los tóxicos más comunes: cianuro, metales, alcaloides y barbitúricos”, señala un documento sobre Generalli de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
En 2016, la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de la República hizo un “estudio necrósico” para establecer la verdadera causa de la muerte. La conclusión del informe, que publicó Sudestada, dice: “En el caso en estudio existe una coincidencia absoluta entre los hallazgos externos, internos e histopatológicos, que demuestran que se trató de una muerte violenta y heteroinferida, cuya causa final fue la embolia grasa pulmonar, pero la causa básica fueron los traumatismos múltiples padecidos por Iván Morales Generalli en el contexto del interrogatorio a que fue sometido en la unidad militar el 21 de noviembre de 1974”.
En ese entonces, Rodríguez cumplía funciones de Inteligencia –con grado de capitán– en el Regimiento de Caballería Nº6. Por eso, según cita Sudestada, Tellechea entendió que de la investigación surgen “elementos de convicción suficientes para inferir que –entre otras personas– Lawrie Rodríguez Freire tuvo participación en la muerte” de Generalli. Así las cosas, la fiscal solicitó a la jueza Adriana de los Santos que procese con prisión a Rodríguez. la diaria contactó a Tellechea, quien dijo que no recuerda el caso de Generalli porque el pedido de procesamiento está “desde hace mucho”.